La detención de Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, ha desatado una fuerte controversia política y social. Abaigar fue arrestada tras ser acusada de arrojar excremento y colgar un cartel en la vivienda del diputado José Luis Espert, en un hecho que algunos sectores consideran una contravención menor y otros, un delito agravado por el uso de recursos públicos.

Según relató la madre de Abaigar, ambas fueron detenidas e incomunicadas durante dos días, y la acusación se basó en la titularidad de un vehículo utilizado en el hecho. "La situación fue espantosa", declaró, y denunció la falta de claridad sobre los cargos imputados. La jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó el pedido de excarcelación, lo que generó críticas de dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos.

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, exigió la liberación de Abaigar y calificó la detención como un uso desproporcionado del aparato judicial y policial. "Es preocupante el uso desproporcionado del aparato judicial y policial frente a una protesta política, y la criminalización del disenso", expresó Magario en redes sociales. El reclamo fue acompañado por una marcha a Tribunales y el apoyo de legisladores y colectivos feministas.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que la acción fue premeditada y agravada por la utilización de bienes públicos. "Cualquier persona que cometa un delito tiene que pagar", afirmó Bullrich, justificando la detención en la Unidad 7 de Ezeiza.

Organizaciones como el CELS advierten que el caso de Abaigar se inscribe en una tendencia de criminalización selectiva de la protesta y el disenso político, alertando sobre el uso del sistema penal para disciplinar voces críticas. El episodio se produce en un contexto de alta polarización y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre los límites de la protesta y el rol del sistema judicial en la Argentina contemporánea.