El policía sanjuanino Ricardo Rodríguez fue condenado a prisión perpetua por el asesinato del camionero riojano Federico Orihuela, en un caso que ha conmocionado a la provincia. El hecho ocurrió en febrero de 2024 durante el tradicional Safari Tras las Sierras en Valle Fértil. Según el tribunal, Rodríguez disparó al menos 31 veces contra el camión de Orihuela, quien recibió siete impactos de bala, tres de ellos mortales. La sentencia fue dictada el pasado 7 de mayo de 2025.

El incidente comenzó cuando la policía intentó detener a Orihuela por irregularidades en la documentación de su camión. Durante la persecución, el vehículo cambió de rumbo y no se detuvo, lo que llevó a Rodríguez a disparar con diferentes armas, incluyendo su pistola reglamentaria y la de un compañero. El tribunal consideró que el accionar del policía fue desproporcionado e intencional, calificándolo como un caso de "gatillo fácil".

La madre de Rodríguez, Genoveva Garay, defendió públicamente a su hijo a través de un video en redes sociales, argumentando que no tuvo intención de matar y que actuó para evitar un peligro mayor. "Mi hijo jamás fue a matar, lo dijo desde el primer día y lo sostiene", afirmó entre lágrimas. Sin embargo, la familia de Orihuela considera que el fallo es un paso hacia la justicia, aunque planea nuevas acciones legales. Estas incluyen una denuncia penal contra otro policía involucrado y una demanda civil contra el Estado de San Juan por daños y perjuicios.

El caso ha polarizado a la sociedad sanjuanina y reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos han señalado este episodio como emblemático de los problemas estructurales en la policía argentina. Mientras tanto, los abogados defensores de Rodríguez han anunciado que apelarán la sentencia, buscando revertir el fallo en instancias superiores.

Este caso, que ha marcado un precedente en la provincia, pone en el centro de la discusión la necesidad de reformas en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para prevenir futuros episodios de violencia institucional.