La detención del jefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Ochoa Roldán, junto a otros seis implicados, ha desatado un nuevo escándalo en la fuerza de seguridad provincial. La investigación, encabezada por el fiscal Guillermo González, apunta a una presunta organización delictiva integrada por altos mandos policiales y abogados, quienes habrían utilizado información confidencial del sistema policial para extorsionar, coaccionar y obtener beneficios económicos ilegítimos.

El operativo, que incluyó 11 allanamientos en Córdoba y localidades cercanas, permitió el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos, armas y dinero. Entre los detenidos figuran el propio Ochoa Roldán, su hermano abogado, varios comisarios y un civil, todos acusados de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, coacción y peculado de servicios. Según la acusación, los implicados accedían a datos reservados para favorecer litigios y realizar cobros extrajudiciales, aprovechando su doble rol como policías y abogados.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reconoció la dificultad de detectar estas maniobras, ya que se realizaban fuera del ámbito estrictamente policial. "La maniobra no se podía detectar desde el seno de la fuerza porque las acciones no se cometían en funciones, sino en actividades privadas como abogados", explicó. Por su parte, el fiscal González confirmó que el enriquecimiento ilícito se habría producido por el cobro de honorarios en litigios favorecidos por el acceso a información privilegiada.

El caso generó un fuerte impacto político. El senador nacional Luis Juez y el bloque de la UCR exigieron la renuncia del ministro Quinteros y acusaron al gobernador Martín Llaryora de encubrimiento. "¿Cuántos jefes de la policía deben estar presos para que se den cuenta que esto es un problema estructural?", cuestionó Juez.

Este episodio se suma a una serie de detenciones recientes de altos funcionarios policiales y penitenciarios en Córdoba, lo que ha puesto en tela de juicio los mecanismos de control y la transparencia en la selección de autoridades de seguridad. Analistas y periodistas advierten sobre la existencia de una "cultura del silencio" y la urgencia de reformas profundas para evitar la repetición de estos hechos. El avance de la causa podría derivar en nuevas detenciones e imputaciones, mientras la sociedad cordobesa exige respuestas y mayor transparencia institucional.