El municipio de Villa Allende, en Córdoba, ha decidido implementar una medida inédita para combatir la inseguridad: la instalación de portones nocturnos en calles secundarias. El plan, que comenzará a aplicarse en marzo en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar, forma parte de un programa integral que incluye la incorporación de móviles policiales, cámaras de seguridad y mejoras en la iluminación urbana.

La iniciativa fue avalada por la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba, que rechazó los amparos presentados por vecinos y consideró que la medida es "razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública". El intendente Pablo Cornet explicó que el proyecto nació de conversaciones con habitantes de distintos barrios, quienes manifestaron preocupación por los robos nocturnos y sugirieron el cierre de calles como posible solución. "Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar", señaló Cornet.

Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte polémica. Vecinos autoconvocados y organizaciones opositoras consideran que la medida es inconstitucional y advierten sobre sus posibles consecuencias negativas. Entre las principales críticas se encuentran los riesgos operativos, como la dificultad para el acceso de vehículos de emergencia, y el impacto social, ya que el cierre de calles podría profundizar la segregación y desvalorizar las propiedades. "No existen estudios previos ni estadísticas que fundamenten la eficacia de los portones", sostienen los vecinos, quienes también denuncian que el Registro de Oposición instrumentado por el municipio excluye a inquilinos y obliga a rechazar todo el plan de seguridad para oponerse a los portones.

A pesar de que solo el 1,98% de los empadronados votó en contra en los barrios iniciales, los opositores presentaron casi 3.000 firmas de rechazo y anunciaron que apelarán el fallo judicial. Además, han convocado asambleas y charlas informativas para debatir la medida y organizar la apelación ante instancias superiores. Especialistas en seguridad urbana y urbanistas han expresado su desacuerdo con el cierre de calles, señalando que experiencias similares en otras ciudades no han mostrado resultados positivos y que este tipo de políticas pueden afectar negativamente el tejido social.

El debate en Villa Allende continúa abierto, con posturas enfrentadas entre quienes priorizan la seguridad y quienes defienden el derecho a la libre circulación y la inclusión urbana. El desenlace de la apelación judicial y la experiencia de la "prueba piloto" serán claves para determinar el futuro de la iniciativa y su posible extensión a otros barrios de la ciudad.