El Gobierno argentino reactivó la negociación para adquirir tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas OPV a la empresa francesa Naval Group, en una operación estimada en u$s2.000 millones. El acuerdo, inicialmente sellado tras una reunión entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron a fines de 2024, busca recomponer la capacidad naval argentina, paralizada desde el hundimiento del ARA San Juan en 2017.

La decisión generó controversia por el elevado monto de la operación y los antecedentes internacionales de corrupción que pesan sobre Naval Group, que en 2017 encabezó el Ranking Mundial de Corrupción Militar elaborado por la World Peace Foundation y la Universidad de Tufts. Según trascendió, el acuerdo contempla la adquisición de tres submarinos Scorpène y cuatro patrulleras oceánicas, con el objetivo de recuperar la capacidad de defensa y control marítimo.

En una entrevista concedida en octubre de 2025, Milei confirmó públicamente la decisión política de avanzar con la compra, contradiciendo la "Oficina de Respuesta Oficial" que había intentado desmentir la operación. La comunicación oficial fue criticada por omitir las declaraciones presidenciales y los antecedentes de corrupción del proveedor.

Naval Group, anteriormente conocida como DCNS, acumula denuncias por pagos de sobornos en países como Pakistán, Malasia, Brasil e India, con investigaciones judiciales abiertas desde la década del ’90. En varios casos, las acusaciones apuntaron a intermediarios y funcionarios públicos que habrían recibido comisiones ilegales para favorecer contratos millonarios. Además, la empresa fue señalada por filtraciones sensibles de información militar y prácticas sistemáticas de pago de comisiones ilegales.

La industria naval argentina expresó su malestar por quedar al margen de la construcción principal de las embarcaciones, mientras especialistas y dirigentes opositores advierten sobre la falta de transparencia y los antecedentes del proveedor elegido. Auditorías y denuncias previas cuestionaron la transparencia en compras de lanchas durante la gestión de Patricia Bullrich, sumando un nuevo foco de polémica a la operación.

El debate sobre la compra de submarinos reabre la discusión sobre prioridades presupuestarias, control del gasto público y criterios de selección de proveedores en materia de defensa, en un contexto de fuerte ajuste económico y restricciones fiscales. Mientras el Gobierno defiende la decisión como una apuesta estratégica, las denuncias internacionales que rodean a la empresa francesa suman un nuevo foco de polémica a una operación que promete seguir en el centro de la escena política.