El gobierno de Santiago del Estero anunció este lunes un aumento salarial del 42,4% para los empleados de la administración pública provincial, una medida que, según las autoridades, supera en 10 puntos porcentuales la inflación interanual registrada por el INDEC (32,4%). El incremento, que será efectivo a partir de febrero de 2026, fue acordado en el marco de la Mesa de Diálogo y Trabajo con representantes gremiales y busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Además del aumento, se estableció un piso salarial de $1.130.000 para toda la administración pública, incluyendo hasta dos cargos en el sector docente. El gobernador Elías Suárez confirmó la continuidad del cronograma de bonos anuales, que contempla pagos en fechas clave: un bono de inicio de ciclo lectivo de $250.000 a abonarse el 20 de febrero, un bono por el Día del Trabajador, un bono aguinaldo en dos cuotas y un bono de fin de año en tres cuotas. La ayuda escolar por hijo también se incrementa a $280.000, a pagarse desde el 10 de marzo.

El vicegobernador Carlos Silva Neder destacó que estas medidas consolidan un modelo de gestión responsable y con sensibilidad social, subrayando que la administración ordenada de los recursos públicos ha permitido sostener políticas de protección salarial. "No se trata de una medida aislada, sino de una política sostenida que protege el poder adquisitivo de la administración pública", afirmó Silva Neder, quien también valoró el consenso alcanzado con los gremios y la inclusión de empleados municipales en el esquema de bonos.

Por su parte, el gobernador Suárez remarcó que el paquete de medidas representa un esfuerzo presupuestario significativo y que la previsibilidad en los pagos busca brindar tranquilidad a las familias santiagueñas. Desde el Ejecutivo provincial se espera que la inyección de recursos tenga un impacto positivo inmediato en la economía local, dinamizando el comercio y contribuyendo a la paz social.

Estas decisiones se enmarcan en una política de continuidad respecto a gestiones anteriores, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y garantizar la estabilidad laboral y social en la provincia. Las autoridades provinciales y los gremios coinciden en que el diálogo y la administración responsable han sido claves para alcanzar estos acuerdos, que buscan beneficiar tanto a los trabajadores como al conjunto de la economía santiagueña.