El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, ha generado una profunda conmoción en la sociedad argentina. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron halladas sin vida tras haber sido torturadas y asesinadas en una vivienda de la localidad, en un hecho que la Justicia investiga como femicidio agravado por ensañamiento y alevosía. Las jóvenes habían desaparecido luego de subir a una camioneta blanca, engañadas por una falsa invitación a una fiesta, y sus cuerpos fueron encontrados enterrados, con signos de violencia extrema.

La investigación apunta a una banda narco liderada por un joven peruano apodado "Pequeño J" o "Julito", de 23 años, quien permanece prófugo. Según fuentes judiciales y policiales, el móvil principal sería un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, aunque la violencia de género está presente en la calificación legal del caso. Cuatro personas fueron detenidas: dos acusadas de homicidio agravado y dos por encubrimiento, todos de nacionalidad peruana. Las torturas sufridas por las víctimas fueron transmitidas en vivo a través de redes sociales para un grupo cerrado de entre 40 y 45 personas, lo que evidencia la brutalidad y el carácter disciplinador del crimen.

El fiscal Gastón Duplaá solicitó la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la causa pasó a la UFI de Homicidios de La Matanza para profundizar la investigación. El caso ha suscitado un intenso debate político: la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó el avance de la pesquisa y criticó al gobernador Axel Kicillof, mientras que organizaciones feministas como Ni Una Menos convocaron marchas y repudiaron la estigmatización mediática de las víctimas.

El triple femicidio se inscribe en un contexto de creciente violencia narco en el conurbano bonaerense, marcado por la precariedad social y la ausencia de políticas de género efectivas. Analistas advierten sobre la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva multidimensional, que contemple la criminalización de sectores populares, la desigualdad de género y la expansión del crimen organizado. La conmoción social se tradujo en movilizaciones y reclamos de justicia, mientras la investigación continúa en busca de los autores intelectuales y materiales del hecho. El caso pone en evidencia la urgencia de políticas integrales para enfrentar la violencia de género y el crimen organizado en Argentina.