El Gobierno nacional envió al Congreso un paquete de reformas orientadas a fortalecer la protección de la propiedad privada y dinamizar el mercado inmobiliario. Entre los principales ejes del proyecto se destacan la reforma de la Ley de Expropiaciones, la modificación de la Ley de Tierras Rurales y la agilización de los procesos de desalojo.

El texto, firmado por el presidente Javier Milei y remitido el 27 de marzo, propone limitar la discrecionalidad estatal en los procesos de expropiación, reforzando el criterio de indemnización previa y estableciendo parámetros claros para la valuación de bienes. Además, el proyecto elimina las restricciones generales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque mantiene la prohibición para Estados y empresas estatales, con el objetivo de atraer inversiones en sectores estratégicos como el agro, la minería y la energía.

En cuanto a los desalojos, la iniciativa introduce un procedimiento sumarísimo que permitiría la restitución de inmuebles ocupados en menos de cinco días, siempre que se acredite el título de propiedad y se respeten las garantías del debido proceso y el control judicial. El Gobierno sostiene que esta medida contribuirá a aumentar la oferta de viviendas y a mejorar la seguridad jurídica.

El paquete también incluye la digitalización integral de los registros inmobiliarios y la creación de una ventanilla única federal para la gestión remota de certificados e informes, buscando reducir costos y agilizar trámites. Asimismo, se proponen cambios en la Ley de Manejo del Fuego, flexibilizando las restricciones sobre el uso del suelo en zonas afectadas por incendios, aunque se mantiene la protección sobre bosques nativos.

Las reformas han generado reacciones encontradas. Mientras el oficialismo argumenta que son necesarias para promover inversiones y garantizar la seguridad jurídica, sectores de la oposición y organizaciones ambientales advierten sobre posibles riesgos para la soberanía nacional y el medio ambiente. Desde espacios críticos, como Prensa Obrera, se denuncia que el paquete favorece a capitales extranjeros y representa una ofensiva contra los trabajadores.

El debate parlamentario sobre estas reformas se dará en un contexto de baja actividad legislativa y tensiones políticas dentro del oficialismo, en medio de otras iniciativas como la Ley Hojarasca y la reforma del Código Penal, que aún no han sido presentadas formalmente.