El Gobierno nacional avanza con la subasta de un terreno baldío ubicado en Acuña de Figueroa 981, en el barrio porteño de Almagro, lo que ha generado un intenso reclamo vecinal para que el predio sea destinado a espacio verde público. El lote, de 230 metros cuadrados y sin construcciones, será rematado de manera virtual el próximo 26 de febrero, con un precio base de 425.683,80 dólares, según la convocatoria oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La subasta forma parte de una política de venta de bienes públicos considerados prescindibles por la gestión nacional. El terreno, en desuso desde hace casi seis décadas, fue legado al Estado en los años 50 y desafectado de su uso social original. En noviembre pasado, un intento de subasta quedó desierto, lo que llevó a una reducción del precio base para el nuevo remate.

En paralelo, vecinos del barrio, organizados en el colectivo Relieve, impulsan un proyecto de ley ante la Legislatura porteña para frenar la venta y transformar el predio en una micro reserva urbana. La iniciativa cuenta con el apoyo de legisladores y la Comuna 5, y propone preservar el arbolado y la flora nativa, priorizando el suelo absorbente y el acceso público. "El terreno ya posee las características necesarias para ser conservado como espacio verde. Requiere una inversión mínima para abrirlo a la comunidad y mejorar las condiciones de vida en el barrio", sostienen desde Relieve.

Almagro es uno de los barrios con menor superficie de espacios verdes por habitante en la Ciudad de Buenos Aires, con apenas 0,02 metros cuadrados por persona, muy por debajo de los estándares recomendados. La falta de espacios verdes impacta directamente en la calidad de vida y la salud ambiental de los habitantes, según urbanistas y especialistas consultados.

El reclamo vecinal incluye la recolección de firmas, actividades de difusión y el respaldo de profesionales del paisaje urbano. "No se trata sólo de un terreno, sino de pensar qué modelo de ciudad queremos", afirman los vecinos. El debate sobre el destino del predio refleja la tensión entre las políticas de gestión estatal y las demandas ciudadanas por una mejor calidad de vida en contextos urbanos densamente poblados.