La Justicia de Entre Ríos intervino de urgencia en Gualeguaychú para garantizar la vacunación de un recién nacido, luego de que sus padres se negaran a cumplir con el calendario obligatorio. El caso, ocurrido en el Hospital Centenario, se resolvió tras la presentación de una nota por parte de los progenitores, quienes argumentaron su decisión en base a artículos pseudocientíficos no especificados.

Ante la negativa, las autoridades sanitarias informaron al Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia (CoPNAF), que derivó el caso al Ministerio Público de la Defensa (MPD). El defensor Pablo Pattini priorizó la situación y presentó una medida autosatisfactiva ante la jueza Florencia Amore, titular del Juzgado Penal de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes. La magistrada ordenó la vacunación inmediata del bebé, incluso de manera compulsiva si los padres persistían en su negativa.

Finalmente, tras recibir asesoramiento legal, los padres accedieron voluntariamente a la vacunación. "Nadie quería que se llegase a una instancia de esta naturaleza. Por suerte, los padres aceptaron vacunar", señaló Pattini. De no haberlo hecho, la jueza había dispuesto que las autoridades sanitarias procedieran a vacunar al niño de forma compulsiva, priorizando el interés superior del menor.

Este episodio no es aislado: en Gualeguaychú ya se registraron al menos dos casos similares en los últimos meses, todos resueltos con intervención judicial. La normativa argentina, a través de la Ley 27.491 y la Ley 26.061, establece la obligatoriedad de la vacunación y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, priorizando la salud pública y el interés superior del niño por sobre las convicciones personales de los adultos.

Las autoridades judiciales y sanitarias remarcan la importancia de informar cualquier incumplimiento de la vacunación obligatoria, subrayando que la inmunización no solo protege al individuo, sino también a la comunidad mediante la inmunidad colectiva. El caso refuerza el rol del Estado en la protección de los derechos fundamentales de la infancia y la necesidad de garantizar el acceso a la salud, incluso frente a la resistencia de los representantes legales.