El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta una crisis sin precedentes debido a las políticas de ajuste y reorganización impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Estas medidas incluyen recortes presupuestarios, despidos masivos y la venta de terrenos públicos, lo que ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y agropecuario.

El director nacional del INTA, Ariel Pereda, denunció públicamente que el gobierno busca intervenir el organismo para modificar su estructura y aumentar el control estatal. "Este gobierno viene a intervenir el INTA con la intención de usarlo a trochi mochi y a piacere", afirmó Pereda en una entrevista radial. Además, calificó de "mentiroso" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había cuestionado la utilidad del INTA y anunciado un "rediseño integral" del instituto.

Desde 2024, el gobierno ha avanzado con la venta de propiedades del INTA, incluyendo un edificio en Palermo y 40 hectáreas en Salta. Según Pereda, estas acciones forman parte de un "vaciamiento" que pone en riesgo más de 100,000 hectáreas destinadas a la investigación científica y el desarrollo agropecuario. "El ajuste no es ideológico: es material. Y huele a tierra vendida", denunció el director.

El impacto de estas medidas es significativo. La reducción de personal y recursos amenaza líneas de trabajo esenciales para la innovación tecnológica y el apoyo a productores rurales. "Estamos en un momento de crisis donde me pareció que el silencio era contraproducente", señaló Pereda, quien destacó que el INTA lleva 70 años actuando como una institución clave para el desarrollo rural en Argentina.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, también criticó las políticas del gobierno nacional. "Lo que estamos viendo en el último tiempo es directamente un vaciamiento, un desguace", afirmó Rodríguez, quien alertó sobre la pérdida de profesionales clave para la investigación y el desarrollo agropecuario.

El gobierno defiende estas medidas como necesarias para reducir gastos y reorganizar el Estado. Federico Sturzenegger argumentó que el presupuesto del INTA es "equivalente a la mitad de las retenciones del maíz" y que el organismo necesita un "rediseño integral" para mejorar su eficiencia.

Sin embargo, las críticas desde el sector agropecuario y científico continúan creciendo. La venta de terrenos y la reducción de recursos no solo afectan la capacidad operativa del INTA, sino que también ponen en riesgo la soberanía científica y tecnológica de Argentina. "Cada terreno del INTA que se vende es un pedazo de soberanía que se pierde", concluyó Pereda.

El futuro del INTA sigue siendo incierto, mientras las tensiones entre el gobierno y los sectores afectados por estas políticas continúan en aumento. La situación plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo de estas medidas en la producción agropecuaria y la innovación tecnológica en el país.