Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, fue despedido de su puesto en el Ministerio de Energía de Neuquén tras una investigación que reveló graves irregularidades en su desempeño laboral. Según confirmaron fuentes oficiales, Salvatori fichaba su ingreso y se retiraba del edificio sin cumplir funciones, conducta que se extendió desde julio de 2020 hasta junio de 2025.

La investigación, impulsada por el gobierno provincial y la Fiscalía de Estado, incluyó cinco registros fílmicos y controles biométricos que documentaron el modus operandi del empleado. Un informe oficial señaló que no existen registros válidos de asistencia ni constancia de tareas realizadas durante el período investigado. El decreto de cesantía remarcó que la ausencia injustificada de trabajadores públicos constituye un perjuicio fiscal significativo y contraviene las normas laborales.

El caso comenzó a investigarse en junio de 2025, cuando se abrió un sumario administrativo para corroborar las ausencias injustificadas y la falta de tareas realizadas. Salvatori fue suspendido sin goce de haberes antes de ser despedido. En su defensa, alegó no tener funciones asignadas y ser víctima de persecución, pero la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial refutó sus argumentos: “De las propias declaraciones del agente sumariado, surge acreditado que durante el periodo investigado el agente no ha prestado servicios, es decir no ha trabajado, más allá de haber fichado o haberse registrado en algunas oportunidades”.

El gobernador Rolando Figueroa instruyó activar mecanismos para recuperar los fondos percibidos indebidamente y, de ser necesario, iniciar acciones judiciales por posible enriquecimiento sin causa. La Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal por presunto fraude a la administración pública, estimando un daño económico a las arcas provinciales.

El apellido Salvatori es ampliamente conocido en Neuquén por la trayectoria pública de Pedro Salvatori, quien fue gobernador entre 1987 y 1991 y ocupó diversos cargos en el área energética y productiva. El caso se enmarca en una política de “tolerancia cero” frente a irregularidades y corrupción impulsada por el actual gobierno, que implementó controles biométricos para detectar ausencias injustificadas.

El escándalo de Salvatori se suma a otros casos resonantes de corrupción en la provincia, reforzando el compromiso oficial de eliminar privilegios y garantizar la igualdad ante la ley.