El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores resolvió este viernes rechazar el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa. La defensa de Pertossi, condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario, argumentó que la prisión preventiva superó el plazo razonable previsto en la ley, ya que el joven lleva más de seis años detenido sin que la condena esté firme.

Sin embargo, el tribunal, integrado por los jueces María Claudia Castro y Christian Ariel Rabaia, consideró que la prisión preventiva mantiene su razonabilidad y necesidad. En la resolución, los magistrados señalaron que la gravedad de los hechos y la magnitud de la pena impuesta permiten presumir la existencia de peligro de fuga, conforme a lo dispuesto por el Código Procesal Penal bonaerense. Además, destacaron la complejidad de la causa, la pluralidad de imputados y el volumen probatorio como factores que justifican la medida.

La fiscalía y los abogados de la familia Báez Sosa también se opusieron al pedido de excarcelación. El fiscal Juan Manuel Dávila sostuvo que la prisión preventiva no constituye una pena anticipada y que el proceso judicial avanzó de manera constante. Por su parte, los abogados de la querella subrayaron que el plazo razonable debe evaluarse de manera integral, considerando la complejidad del expediente y la conducta procesal de las partes.

El tribunal enfatizó que la prisión preventiva resulta "razonable, necesaria e inevitable" en este contexto, especialmente porque persisten riesgos procesales y aún queda pendiente la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los recursos extraordinarios presentados por las defensas. La decisión fue comunicada a las partes y a la Unidad Penal N°61 de Melchor Romero, donde Pertossi permanece detenido.

El caso Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, conmocionó a la sociedad argentina y continúa generando repercusiones judiciales y mediáticas. La resolución del máximo tribunal nacional será clave para el futuro procesal de los condenados.