La investigación judicial por presunta evasión impositiva en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó un fuerte cruce entre el Gobierno nacional y representantes legales de la entidad. El caso, que involucra a los principales dirigentes del fútbol argentino, cobró notoriedad tras las declaraciones del abogado Gregorio Dalbón, quien calificó la causa como "absolutamente política" y sugirió que podría resolverse mediante un acuerdo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ante estas afirmaciones, Karina Milei respondió de manera contundente a través de sus redes sociales: "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin". La funcionaria, que habitualmente evita este tipo de cruces públicos, dejó en claro la postura del Gobierno respecto a la independencia judicial.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, respaldó la posición de Milei y recordó que "el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y tratados internacionales de derechos humanos". Mahiques subrayó que el Poder Ejecutivo no intervendrá en causas judiciales y que toda la información relevante será puesta a disposición de la Justicia.

La causa, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), investiga una presunta retención indebida de aportes por al menos 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se presentó a declarar ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, entregando un escrito y evitando responder preguntas. El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, también fue citado a indagatoria.

El expediente judicial no solo abarca la presunta evasión, sino que también incluye investigaciones por lavado de dinero y administración fraudulenta. Tanto Toviggino como Tapia tienen prohibición de salida del país mientras avanza la causa.

Desde la AFA, las declaraciones de Dalbón generaron malestar, y el abogado Marcelo Rochetti, asesor legal de Toviggino, desautorizó públicamente sus dichos, calificándolos de "inoportunos e irresponsables". El Gobierno, por su parte, negó cualquier intento de influir en la conducción del fútbol argentino y reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a la división de poderes.

El caso se desarrolla en un contexto de tensión entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol, con antecedentes de investigaciones similares y debates sobre la autonomía de la AFA respecto al poder político. La resolución judicial de la causa será clave para definir el futuro de los principales actores involucrados y la relación entre el Estado y el fútbol argentino.