Un incendio de grandes proporciones ocurrido en la localidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, terminó por desencadenar una investigación judicial de alto perfil tras el hallazgo de un invernadero con plantas compatibles con cannabis sativa en la vivienda de un efectivo policial. El siniestro, que se desató el 13 de febrero alrededor de las 11 de la mañana en una casa ubicada en la chacra N° 51, movilizó a dotaciones de Bomberos, personal policial y una ambulancia del hospital local.

Según informaron fuentes oficiales, el propietario de la vivienda, un policía de 33 años que se encontraba de licencia, fue quien alertó a las autoridades sobre el incendio. El fuego, que afectó severamente la estructura de la casa, fue controlado cerca de las 13 horas, pero dejó la propiedad prácticamente inhabitable. Como saldo del siniestro, una joven de 21 años sufrió heridas leves y fue trasladada al hospital junto a dos menores y un adulto, quienes recibieron atención preventiva.

Durante la inspección ocular posterior al control del fuego, el subinspector Jairo Tito detectó en el patio trasero una estructura precaria de madera y nylon. Al examinarla, los efectivos constataron la presencia de varias plantas con características compatibles con cannabis sativa. El hallazgo fue comunicado de inmediato a la Secretaría Penal y a la Fiscalía local, que dispusieron la intervención de la Justicia Federal y de Gendarmería Nacional para realizar las pericias correspondientes.

La investigación judicial busca determinar si el efectivo policial contaba con la autorización legal para el cultivo de cannabis, como la inscripción en el REPROCANN, o si se trata de una infracción a la Ley de Estupefacientes. Además, se analiza si el sistema eléctrico del invernadero pudo haber sido el origen del incendio.

El caso generó fuerte repercusión en la comunidad local y abrió un debate sobre la regulación del cannabis y la responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar las eventuales consecuencias administrativas y penales para el policía involucrado.