La Cámara Nacional en lo Civil resolvió este jueves un conflicto central en torno al control institucional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El tribunal avaló el cambio de domicilio social de la entidad, que pasó de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la localidad bonaerense de Pilar, y anuló la designación de veedores dispuesta por el Ministerio de Justicia de la Nación. La decisión implica que el control de legalidad y fiscalización de la AFA queda ahora bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires.

El fallo, firmado por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, sostiene que la Inspección General de Justicia (IGJ) carece de competencia para fiscalizar a la AFA tras el cambio de jurisdicción, ya que la entidad fue debidamente inscripta en la provincia. "Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad", expresaron los jueces en el escrito. Además, remarcaron que admitir la postura de la IGJ implicaría someter a la AFA a un doble control estatal, algo incompatible con el sistema federal argentino.

La resolución también anuló la intervención informativa en grado de veeduría que había sido ordenada por el Ministerio de Justicia en marzo de 2026, la cual buscaba investigar las cuentas, transferencias y proyectos institucionales de la AFA. El tribunal consideró que, al carecer la IGJ de competencia, tampoco correspondía la designación de veedores por parte del Ministerio.

Desde el Gobierno nacional, fuentes oficiales anticiparon que apelarán el fallo, al considerar que debilita el esquema de fiscalización estatal sobre la AFA y otras entidades vinculadas al fútbol argentino. "Nosotros vamos a apelar", señalaron desde la Casa Rosada, donde se debate la estrategia para sostener la competencia nacional sobre la fiscalización de la entidad.

El fallo no afecta las investigaciones penales y económicas en curso contra la AFA y sus dirigentes, que continúan en otros fueros judiciales. La decisión judicial se limita a la competencia administrativa y al control institucional, en un contexto de creciente debate sobre la transparencia y el control estatal en el fútbol argentino. El traslado de la sede social, aprobado en asamblea en 2024 y formalizado mediante un contrato de comodato con la Municipalidad de Pilar, es visto por la dirigencia de la AFA como un paso para consolidar su autonomía institucional.