La ciudad de La Plata se ve sacudida por una presunta megaestafa inmobiliaria que involucra a la desarrolladora ABES y a una serie de fideicomisos que dejaron a decenas de inversores sin respuestas y con pérdidas que superan los 20 millones de dólares. La causa, que tramita en la Fiscalía Penal N°3 bajo la dirección de Gonzalo Petit Bosnic, ha sumado en los últimos días nuevas denuncias y elementos que agravan la situación judicial de los principales imputados.

El expediente, que ya acumulaba múltiples presentaciones por estafa y administración fraudulenta, se ha visto complicado por la aparición de un acta notarial fechada el 30 de diciembre de 2024. En dicho documento figura la supuesta firma de Lucrecia Villar Loos, exsocia mayoritaria de ABES, en calidad de fiduciaria. Sin embargo, registros migratorios y documentación aportada por la propia Villar Loos demuestran que en esa fecha se encontraba fuera del país, lo que abre la hipótesis de una posible falsificación documental.

El abogado Miguel Molina, representante de Villar Loos y de varios damnificados, sostuvo que el documento podría ser “ideológicamente falso” y solicitó pericias caligráficas y el secuestro del libro de actas para determinar su autenticidad. "El principal argumento defensivo para deslindar responsabilidades podría apoyarse en un instrumento ideológicamente falso", afirmó Molina, quien también pidió investigar a quienes utilizaron la fotocopia por estafa procesal y falsedad ideológica de documento privado.

Entre los damnificados se encuentra el director técnico Pedro Troglio, quien declaró en la causa y calificó la operatoria como un “engaña pichanga”. Troglio relató que la propuesta de inversión incluía la promesa de una renta mensual garantizada, pero las obras se paralizaron y los pagos se interrumpieron sin explicaciones claras. El entrenador remarcó el impacto negativo sobre otros inversores que destinaron sus ahorros a los proyectos.

En paralelo, la causa sumó un nuevo frente judicial tras la suspensión del traspaso de ABES a la desarrolladora Yacoub, decisión que fue revertida por el juez Juan José De Oliveira al considerar que no estaba garantizada la asunción de los pasivos de la empresa. Los inversores, por su parte, rechazaron las condiciones ofrecidas por considerarlas insuficientes y mantienen su estrategia en la vía penal.

El caso recuerda al antecedente Induplack, que dejó más de 400 damnificados y pérdidas superiores a los 50 millones de dólares. La investigación actual busca determinar si existió un esquema sistemático de captación y desvío de fondos, o si se trata de incumplimientos contractuales aislados. Mientras tanto, los damnificados esperan que la Justicia avance para esclarecer el destino del dinero y las responsabilidades individuales.