Un informe reciente elaborado por el grupo periodístico Ruido, en colaboración con la Red Federal de Periodismo e Innovación, reveló el ranking de salarios netos que perciben los legisladores provinciales en Argentina. El estudio, basado en recibos de sueldo correspondientes a abril y mayo de 2025, expone una marcada disparidad entre las distintas jurisdicciones y una compleja estructura de remuneraciones.

Según el relevamiento, los diputados de Santa Fe encabezan la lista con un ingreso mensual neto de $8,5 millones, seguidos por sus pares de Neuquén ($6 millones) y la provincia de Buenos Aires ($5,6 millones). En el extremo opuesto, los diputados de Chaco perciben el salario más bajo del país, con $1 millón mensual. El promedio nacional se ubica en $3,9 millones, lo que equivale a 12,4 salarios mínimos, considerando el valor de $317.800 vigente en julio de 2025.

El informe destaca que la composición de los salarios varía significativamente entre provincias y depende de factores como antigüedad, títulos académicos, zona de residencia y otros adicionales. Por ejemplo, en Chaco la "dieta" básica es de apenas $1.735, pero los adicionales por representación superan ampliamente el millón de pesos. En Córdoba, el salario neto de los legisladores es de $3,5 millones, sin contemplar adicionales por antigüedad o título, ubicándose por debajo del promedio nacional.

La falta de transparencia es otro aspecto relevante: en varias provincias no fue posible acceder a los recibos de sueldo completos, y en algunos casos solo se obtuvieron datos parciales. "El acceso a este tipo de información es de relevancia porque interesa a la ciudadanía y transparenta a las legislaturas y su administración", sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Por su parte, Juan Krahl, coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, subrayó la dificultad de establecer un estándar nacional debido a las diferencias en la composición y contexto de cada legislatura.

El debate sobre los salarios de la clase política vuelve a escena en un año de renovación legislativa y en medio de una crisis económica. Organizaciones civiles y sectores políticos reclaman mayor transparencia y una discusión pública sobre la remuneración de los representantes, en función de sus responsabilidades y el contexto nacional. La disparidad salarial y la opacidad en la información continúan siendo temas centrales en la agenda pública argentina.