El año 2025 cerró con un alarmante incremento de femicidios en varias provincias argentinas, destacándose Córdoba y Misiones por la gravedad de los casos y la persistencia de la violencia de género. En Córdoba, se registraron 12 femicidios, la mayoría perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, con edades que oscilaron entre los 21 y 61 años. Los crímenes se distribuyeron tanto en la capital como en localidades del interior, evidenciando desigualdades en el acceso a recursos estatales y prevención.

En Misiones, la situación fue aún más crítica: 2025 fue el año con más femicidios de la última década, alcanzando 11 casos, más del doble que en 2024. Los asesinatos se caracterizaron por su brutalidad, utilizando armas blancas, de fuego y golpes, y afectaron a mujeres de distintas edades y contextos. Posadas fue la ciudad con mayor cantidad de crímenes, seguida por otras localidades del interior provincial.

El primer femicidio de 2026, el de Delfina Aimino en Villa María, Córdoba, conmocionó a la sociedad. La joven de 22 años fue asesinada con 20 puñaladas y el principal sospechoso, un joven de 23 años, fue detenido poco después. Este caso reavivó el debate sobre la efectividad de las políticas públicas de género y la protección a las víctimas.

Diversas organizaciones y familiares de las víctimas han denunciado la insuficiencia de las medidas estatales y el vaciamiento de programas de prevención y asistencia. Según informes de ONGs y medios, la implementación de la Ley 26.485, que exige acciones concretas para erradicar la violencia de género, se ha visto debilitada en el último año. Programas como AcompañAR y la Línea 144 han sufrido una caída en su alcance y falta de información pública sobre su funcionamiento.

El gobierno nacional ha sido criticado por negar la gravedad del problema y por la falta de actualización de los planes de acción. Mientras tanto, la justicia continúa investigando varios casos, aunque persisten situaciones sin resolución definitiva. El aumento de los femicidios y la persistencia de patrones de violencia extrema subrayan la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y protección en todo el país.