El Gobierno nacional analiza una profunda reforma que apunta a desregular los colegios profesionales, eliminando la obligatoriedad de la matrícula para abogados, enfermeros, martilleros y agentes médicos en la Ciudad de Buenos Aires. Según un borrador oficial, la propuesta contempla derogar leyes y estatutos que actualmente rigen el ejercicio profesional, permitiendo que cualquier abogado con título habilitante pueda litigar en CABA sin necesidad de inscribirse en el Colegio Público de Abogados.

La iniciativa, que también afectaría a otras profesiones como la enfermería y la martillería, ha generado un fuerte rechazo en el ámbito jurídico. "El Gobierno no puede renunciar al poder de policía sobre el ejercicio profesional", advirtió un abogado de trayectoria, mientras que el presidente del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Bienvenido Rodríguez Basal, sostuvo que la matrícula "es la base del sistema colegial contemporáneo" y garantiza estándares éticos y protección para los justiciables.

El documento oficial justifica la reforma argumentando que la matriculación y habilitación profesional representan barreras burocráticas que desalientan la actividad y encarecen los costos. Además, la propuesta incluye la eliminación de estatutos laborales históricos, como el del periodista, el de viajante de comercio y la ley de Teletrabajo, que regulan condiciones de trabajo y derechos laborales.

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar en este sentido. En diciembre de 2023, el DNU 70/2023 buscó liberar la matrícula y disolver estructuras colegiales, pero la Justicia suspendió esas medidas. Ahora, el Ejecutivo insiste por vía legislativa, en línea con la filosofía de desregulación laboral y profesional promovida por el Consejo de Mayo.

El debate sobre la reforma sigue abierto. Mientras el Gobierno defiende la medida como una forma de facilitar el acceso y reducir costos para los profesionales, los colegios y especialistas advierten sobre el riesgo de debilitar los controles éticos y disciplinarios, dejando las sanciones únicamente en manos de la Justicia. Se espera la presentación oficial del proyecto para conocer los detalles finales y su posible impacto en el sistema profesional argentino.