La reciente designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa de la Nación ha desatado una fuerte controversia en el ámbito político y social argentino. Presti, actual jefe del Ejército y militar en actividad, asumirá el cargo rompiendo una tradición de más de cuatro décadas de ministros civiles al frente de la cartera de Defensa, establecida tras el retorno de la democracia en 1983.

La decisión del presidente Javier Milei de nombrar a Presti ha sido defendida por el gobierno como una reivindicación de las Fuerzas Armadas, históricamente relegadas en la política argentina. Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos y referentes políticos, quienes la consideran un retroceso en la institucionalidad democrática. "Es un retroceso enorme para la democracia argentina", expresó Agustín Rossi, exministro de Defensa, mientras que la organización Historias Desobedientes calificó a Presti como un "hijo obediente que nunca condenó los crímenes de su padre".

El trasfondo familiar de Presti añade complejidad al debate. Su padre, Roque Presti, fue denunciado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, aunque el nuevo ministro no ha sido acusado de delitos. No obstante, su decisión de jurar en uniforme militar y en actividad transgrede el Código de Disciplina Militar y normas aprobadas por el Congreso, lo que ha sido interpretado como un gesto simbólico y provocador por parte del gobierno.

La crisis interna de las Fuerzas Armadas también es un factor relevante. Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 se han registrado más de 20.000 bajas en las tres fuerzas, motivadas principalmente por salarios que, en muchos casos, se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Además, la obra social militar IOSFA enfrenta una grave crisis financiera y numerosas quejas por deficiente cobertura, lo que ha generado malestar entre los uniformados y sus familias.

En este contexto, la designación de Presti es vista por algunos sectores como un intento de fortalecer la moral y el protagonismo de las Fuerzas Armadas, mientras que otros advierten sobre el riesgo de debilitar el control civil sobre la defensa y de reabrir heridas del pasado reciente. El debate sobre el rol de los militares en la política argentina vuelve así al centro de la escena, en un momento de alta sensibilidad institucional y social.