El triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela continúa bajo intensa investigación judicial, con nuevas declaraciones que han reorientado el foco hacia el posible vínculo con el narcotráfico y la participación de allegados a los prófugos. Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales detenidos, amplió su declaración ante el fiscal Adrián Arribas y solicitó que se investigue a "Érica", esposa de Alex Roger Ydone Castillo, prófugo en la causa, por presunta información relevante sobre el crimen y movimientos financieros sospechosos en una clínica local.

Sotacuro sostuvo que "Érica" habría realizado movimientos de dinero extraños y que otras personas, como Kevin, estarían involucradas en el cobro y depósito de cheques. Además, la sobrina de Sotacuro, Florencia Ibáñez, y su esposa, Mónica Débora Mujica, se negaron inicialmente a declarar, aunque Mujica luego presentó un descargo por escrito en el que negó cualquier participación en el crimen y pidió medidas para proteger a sus hijos. Mujica admitió contradicciones en sus declaraciones previas, justificadas por el miedo y la presión ejercida por otros involucrados, y denunció manipulación de pruebas, como el formateo de celulares por orden de Alex Ydone.

El juez de Garantías, Fernando Pinos Guevara, dictó la prisión preventiva para ocho de los diez acusados detenidos en Argentina y ordenó el pase de la causa al fuero federal, dada la presunta vinculación con una banda narcocriminal. En su fallo, el magistrado destacó el nivel de violencia y crueldad del hecho, señalando que "resulta, inconcebiblemente, de magnitudes salvajes, crueles, inhumanos y cobardes" y que el crimen habría sido utilizado como mensaje ejemplificador por la organización narco.

Mientras tanto, el principal dealer, Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", fue detenido en Perú y espera extradición, y otros presuntos autores intelectuales y ejecutores permanecen prófugos con orden de captura internacional. Los acusados insisten en su inocencia y apuntan a otros actores como responsables, mientras la justicia busca esclarecer el rol de los prófugos y allegados. El caso ha generado preocupación social por el avance del narcotráfico y la violencia extrema en la región, marcando un precedente en la lucha contra el crimen organizado.