El Gobierno argentino ha oficializado la transformación de la Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), según lo dispuesto en el Decreto 295/2025 publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, que forma parte de un plan más amplio de reorganización del sector público, busca optimizar la eficiencia y modernizar la gestión de esta emblemática institución estatal.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que el Estado nacional continuará siendo el único accionista de la Casa de Moneda, garantizando su control estatal. La transformación jurídica no implica, por el momento, una pérdida de control patrimonial, pero sí abre la puerta a una mayor flexibilidad operativa y posibles alianzas público-privadas en el futuro.

La Casa de Moneda, fundada en 1977, es responsable de la impresión de billetes y acuñación de monedas de curso legal, entre otras actividades. Según el nuevo estatuto, la entidad operará bajo un régimen societario que le permitirá expandir sus actividades a nivel nacional e internacional. Actualmente, cuenta con cinco unidades de negocio principales: fabricación de dinero circulante, producción de instrumentos fiscales de control y trazabilidad, emisión de pasaportes, confección de chapas patente y servicios de destrucción y atesoramiento de billetes para el Banco Central.

El capital social de la nueva sociedad fue fijado en 123.519.854 pesos, dividido en acciones nominativas no endosables, todas suscritas por el Estado. Además, el estatuto establece una duración de 99 años para la sociedad y permite la realización de reuniones no presenciales mediante sistemas de transmisión simultánea de audio y video.

La intervención de la Casa de Moneda, iniciada en noviembre de 2024, ha sido prorrogada por 120 días más para completar el proceso de reorganización. Pedro Daniel Cavagnaro continuará como interventor durante este período, según lo estipulado en el decreto.

Esta transformación se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en múltiples áreas y habilitó la reorganización de empresas estatales. El Gobierno ha defendido la medida como un paso necesario para modernizar el sector público y mejorar su eficiencia, aunque algunos sectores han expresado preocupaciones sobre una posible privatización futura.

En conclusión, la conversión de la Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal representa un cambio significativo en su estructura jurídica y operativa, con el objetivo de adaptarse a las demandas actuales y futuras del mercado y la tecnología.