La Legislatura de Río Negro aprobó este viernes, por una abrumadora mayoría, el acuerdo firmado entre el gobierno provincial y la petrolera YPF, junto a las multinacionales Eni y XRG, para avanzar en dos proyectos energéticos de gran escala: la exportación de gas natural licuado (GNL) y el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Estas iniciativas, que prometen transformar la logística energética argentina, recibieron el respaldo de 42 de los 46 legisladores, con solo cuatro votos negativos provenientes de sectores peronistas críticos del modelo extractivista y preocupados por el impacto ambiental y la soberanía provincial.

El acuerdo, rubricado el 23 de enero por el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente de YPF, Horacio Marín, prevé la instalación de dos buques de licuefacción (FLNG) a siete kilómetros de la costa, al sur de Las Grutas, y la construcción de una terminal de exportación en Punta Colorada, que ya supera el 50% de avance. El proyecto VMOS contempla un oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa rionegrina, permitiendo transportar grandes volúmenes de petróleo directamente hasta un puerto de aguas profundas especialmente diseñado para la operatoria de exportación.

Durante el extenso debate legislativo, que se prolongó por más de cinco horas, se expusieron argumentos a favor y en contra. Los defensores del acuerdo, entre ellos legisladores de Juntos Somos Río Negro, radicales, macristas y la mayoría del peronismo, destacaron la magnitud de la inversión, la generación de empleo y el impacto económico y social para la provincia. "Es un grito patagónico y federal", sostuvo Lucas Pica, mientras que Daniel Belloso (PJ–Nuevo Encuentro) consideró el acuerdo "un soplo de aire fresco" para la economía regional.

Por su parte, los opositores, como Magdalena Odarda y Ayelen Sposito, advirtieron sobre los riesgos ambientales y la insuficiencia de las obligaciones de las empresas privadas. "No hay seguridad para los rionegrinos", afirmó Sposito, mientras que Odarda denunció la creación de una "zona de sacrificio" y la falta de garantías para evitar la contaminación del Golfo San Matías.

El presidente de YPF, Horacio Marín, subrayó el impacto estratégico del proyecto y la cooperación entre las empresas del consorcio. Actualmente, más de 5.000 personas trabajan de manera directa en la obra, cifra que se duplica al sumar empleos indirectos, generando salarios y actividad económica en Sierra Grande y otras localidades de la región.

El contexto de estos desarrollos se remonta a la derogación de la Ley 3308 en 2022, que habilitó la infraestructura petrolera en el Golfo San Matías, y al crecimiento sostenido de la producción no convencional en Vaca Muerta, que tensionó la capacidad de transporte y motivó nuevas inversiones logísticas. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) facilitó el marco legal y económico para la concreción de estos proyectos, que posicionan a Argentina como un exportador competitivo de hidrocarburos y prometen consolidar el perfil productivo y exportador de la Patagonia atlántica en los próximos años.