La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) despidió a 61 trabajadores en una medida que generó protestas, tensión gremial y un intenso debate sobre el futuro del sector nuclear argentino. El operativo, realizado el 30 de junio, incluyó la intervención de la Gendarmería en la sede central de la CNEA, lo que elevó la conflictividad y visibilizó el conflicto ante la opinión pública y organismos internacionales.

Según fuentes oficiales, los despidos afectaron a personal contratado bajo modalidad de plazo fijo, en su mayoría administrativos, y no incluyeron a científicos ni técnicos estratégicos. Sin embargo, testimonios de trabajadores y gremios contradicen esta versión, señalando que entre los desvinculados hay profesionales altamente calificados, como Paula Alderete, operadora del único microscopio electrónico de barrido acreditado en normas internacionales en el país. "Estás mintiendo", respondió Alderete al presidente de la CNEA, Martín Porro, quien defendió la medida como parte de una modernización de la estructura organizativa.

El sindicato ATE CNEA denunció que la decisión forma parte de un proceso de desmantelamiento del sector nuclear, que ya sufrió una reducción presupuestaria cercana al 33% desde 2023 y la pérdida de más de 500 trabajadores en los últimos dos años. El conflicto se agravó con la presencia de directivos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Bariloche, quienes recibieron una carta de los trabajadores denunciando la situación.

En paralelo, el gobierno nacional anunció un nuevo proyecto nuclear privado, liderado por la empresa Meitner Energy con capitales estadounidenses, para la construcción de un reactor modular de 300 MW y una inversión estimada de 1.200 millones de dólares. Este anuncio se produce mientras el desarrollo del reactor CAREM, de diseño nacional y considerado estratégico, permanece paralizado.

La reorientación de la política nuclear argentina hacia la privatización y el alineamiento con Estados Unidos ha generado preocupación entre científicos, legisladores y exfuncionarios, quienes advierten sobre la pérdida de soberanía tecnológica y el impacto en la industria nacional. El gobierno, por su parte, sostiene que las medidas buscan modernizar y dinamizar el sector, promoviendo la inversión privada y la eficiencia organizativa.

El caso de la CNEA se inscribe en un contexto más amplio de ajuste estatal y redefinición de prioridades en ciencia y tecnología, con consecuencias que aún están por verse para el desarrollo estratégico del país.