Una serie de amenazas de tiroteo y mensajes intimidatorios en escuelas de Salta y Córdoba ha encendido las alarmas en la comunidad educativa y las autoridades provinciales. En Salta, la policía detuvo a cuatro jóvenes mayores de edad y dos menores, acusados de emitir amenazas a través de grafitis y mensajes digitales en distintos establecimientos, entre ellos el Colegio Walter Adet y la Escuela Técnica República de la India. Según la investigación, los mensajes anticipaban posibles hechos violentos para fechas específicas, lo que motivó la intervención inmediata de la Justicia y la aplicación de protocolos de seguridad.

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, subrayó la gravedad de estos hechos y advirtió que "no es un juego, es un delito grave". Fiore remarcó la importancia de la corresponsabilidad entre familias y escuelas, y aseguró que se están aplicando normativas y programas de prevención de violencia escolar implementados desde 2025. "Vamos a actuar como lo que es, y esto es un delito", afirmó la funcionaria, quien también destacó la capacitación docente y la concientización de los alumnos como herramientas clave para enfrentar la problemática.

En Córdoba, las autoridades investigan más de 100 denuncias por amenazas en escuelas, con ocho adolescentes imputados y múltiples allanamientos realizados en distintas localidades. El abogado penalista José D’Antona explicó que estas conductas pueden encuadrarse como intimidación pública, penada con hasta seis años de prisión, incluso para menores punibles. Además, advirtió que quienes incentiven o promuevan estos actos pueden ser considerados instigadores o coautores.

El patrón común en los casos incluye mensajes escritos en baños escolares o difundidos en redes sociales, con referencias a posibles ataques en fechas concretas. Las autoridades investigan si existe una tendencia nacional vinculada a retos virales o conductas imitadas entre estudiantes. Mientras tanto, se reforzó la seguridad en los establecimientos afectados y se mantiene la vigilancia para prevenir nuevos incidentes.

La situación ha generado un llamado a la responsabilidad social y a la colaboración entre todos los actores involucrados para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen y la magnitud del fenómeno, mientras se aplican medidas preventivas y judiciales en todo el país.