El caso del incendio en la Casa de Gobierno de Chubut y otros edificios públicos durante una protesta antiminera en diciembre de 2021 ha llegado a un desenlace judicial. Este martes, la jueza Eve Ponce condenó a seis de los ocho imputados, mientras que dos fueron absueltos, incluyendo a Lautaro Martínez, quien falleció horas antes del veredicto.

Martínez, conocido como "El Terri", fue encontrado muerto en su domicilio donde cumplía prisión domiciliaria. Aunque se presume suicidio, la autopsia determinará las causas exactas de su fallecimiento. La fiscal Florencia Gómez había solicitado para él una pena de cuatro años de prisión por daños y hurto agravados, pero la jueza lo absolvió junto a Brian Díaz, otro de los imputados.

Los seis condenados enfrentan penas que van desde un año y ocho meses hasta seis años de prisión. Entre ellos, Mauricio Vargas fue señalado por incendio intencional y hurto agravado, mientras que G.V., menor de edad al momento de los hechos, fue acusado de daño y hurto agravados. Otros imputados, como Nicolás Díaz y Lourdes Molina Leguiza, recibieron condenas menores por delitos como daño agravado y hurto.

El ataque ocurrió el 16 de diciembre de 2021, en el marco de una protesta masiva contra la minería en Chubut, conocida como el "Chubutazo". Durante los disturbios, manifestantes dañaron edificios públicos, incluyendo el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Rawson. La jueza Ponce destacó que al menos 300 personas participaron en los incidentes, lo que superó la capacidad de respuesta policial.

El proceso judicial ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones sociales, que denuncian una persecución política contra activistas ambientales. La Red de Organizaciones por los Derechos Humanos en Chubut calificó el juicio como una "causa armada" y cuestionó la objetividad de la fiscal Gómez.

En su fallo, la jueza invalidó parte del alegato de la fiscalía por falta de justificación en las penas solicitadas. Además, sugirió que podrían abrirse nuevas causas contra otros manifestantes, basándose en pruebas no valoradas inicialmente, como filmaciones y fotografías.

El caso ha reavivado el debate sobre la minería en Chubut y la respuesta del Estado a las protestas sociales. Mientras se espera la audiencia de cesura para definir las penas, el fallecimiento de Martínez añade una dimensión trágica y compleja al proceso judicial.