El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata fijó para el 23 de abril de 2026 el inicio del juicio oral y público contra Emilio Jorge Parodi, ex gerente de Recursos Humanos de Molinos Río de la Plata, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Parodi, quien ocupó cargos jerárquicos en la empresa entre 1974 y 1991, enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad y su presunta colaboración con el aparato represivo estatal en la planta de Avellaneda.

La causa investiga el secuestro y desaparición de 26 trabajadores y allegados, en el marco de un esquema de colaboración entre la directiva empresarial y las fuerzas de seguridad para desarticular la organización gremial. Entre las víctimas figuran Francisco Fernández, Santos Ojeda, los hermanos Pasquarrosa y Avelino Freitas, entre otros. El expediente incluye la identificación de restos de víctimas y la incorporación de testimonios de sobrevivientes y familiares, así como declaraciones previas de personas fallecidas.

Las audiencias se realizarán de manera virtual todos los jueves, garantizando el derecho de defensa y la exhibición de pruebas digitales. El tribunal admitió una extensa lista de testigos y una gran cantidad de documentos históricos, incluyendo archivos de inteligencia de la policía bonaerense, actas de la empresa, balances y documentación secuestrada en allanamientos. Además, se solicitó información al Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Inteligencia del Estado sobre operativos represivos en el ámbito fabril.

El proceso es resultado de décadas de reclamos de familiares, sindicatos y organismos de derechos humanos. La Federación Aceitera y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires, querellantes en la causa, consideran la apertura del juicio como "un logro de la lucha de muchos años". Sin embargo, insisten en que otros 16 jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda también deberían ser citados a indagatoria por su presunta responsabilidad en los hechos.

El juicio se produce en vísperas del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 y en un contexto de debate sobre la memoria y los derechos humanos en Argentina. Organismos y sindicatos destacan la importancia de juzgar la responsabilidad civil y empresarial en los crímenes del terrorismo de Estado, mientras el país continúa buscando justicia para las víctimas y sus familias.