La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa una crisis tras el anuncio de 61 despidos que desencadenaron protestas en distintas sedes del organismo, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Bariloche. Trabajadores, gremios y referentes políticos se movilizaron para denunciar lo que consideran un proceso de vaciamiento y precarización laboral en el sector nuclear argentino.

El martes 30 de junio se conoció la decisión de las autoridades de la CNEA de finalizar decenas de contratos, lo que generó manifestaciones inmediatas en la puerta del organismo y en el Centro Atómico Bariloche. Según los gremios, la medida afecta proyectos estratégicos y pone en riesgo la continuidad de líneas de investigación y desarrollo fundamentales para la soberanía tecnológica y energética del país.

Luis Urra, secretario adjunto de ATE Bariloche, afirmó que "están vaciando todos los organismos nacionales y en particular el sector nuclear, lo que están haciendo es privatizarlo, extranjerizarlo y ponerlo en manos de empresas extranjeras". Por su parte, Ignacio Cortés, trabajador de la CNEA, advirtió que "la formación de recursos humanos lleva muchos años y, si se pierde, después es muy difícil recuperarla".

El presidente de la CNEA, Martín Porro, fue repudiado por los manifestantes y debió retirarse escoltado por Gendarmería. Desde la conducción del organismo se argumentó que los despidos responden a la necesidad de eficiencia y a la revisión de contratos presuntamente politizados, algo que los trabajadores rechazan categóricamente.

El conflicto se da en el marco de un ajuste general del empleo público impulsado por el gobierno nacional, que según los gremios responde a presiones del FMI y a una política de reducción del gasto estatal. El diputado nacional Nicolás del Caño acompañó las protestas y reclamó un paro nacional para revertir los despidos y el desmantelamiento del sector científico y tecnológico.

La CNEA es reconocida por su rol estratégico en el desarrollo nuclear argentino, con proyectos como el Instituto Balseiro y el reactor CAREM. La continuidad de estos programas y la preservación de capacidades tecnológicas propias son ahora motivo de preocupación y debate público. El conflicto permanece abierto, con nuevas protestas y negociaciones previstas para los próximos días.