El Gobierno nacional anunció la modificación de los procedimientos y requisitos para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión (GPI), con el objetivo de atraer grandes flujos de capital y fortalecer sectores estratégicos como energía y minería. Las resoluciones 983/2025 y 938/2025, publicadas en el Boletín Oficial, establecen cambios en la inscripción, plazos operativos y régimen sancionatorio de ambos programas.

Según el Ministerio de Economía, los interesados en el RIGI deberán utilizar la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y presentar documentación digital en PDF. El plazo administrativo para resolver solicitudes se fijó en 45 días hábiles, con la posibilidad de re-presentar hasta dos veces más en el mismo año. Además, los proyectos adheridos deberán presentar un informe mensual sobre el cronograma actualizado de inversiones proyectadas y ejecutadas.

Hasta el momento, el RIGI recibió solicitudes para catorce proyectos, con inversiones comprometidas que superarían los USD 16.514 millones. Cuatro iniciativas ya obtuvieron aprobación, contemplando inversiones de USD 12.299 millones, entre ellas proyectos de minería de litio en Salta, oleoductos en Neuquén y Río Negro, y energía eléctrica en Mendoza. El aporte más grande corresponde al proyecto PAE – Golar, con USD 6.878 millones.

La resolución 938/2025 amplía el régimen a empresas de energía, permitiendo la importación de insumos con arancel cero para proyectos industriales. Se reorganiza el universo de bienes elegibles, incluyendo bienes nuevos y accesorios destinados a líneas de producción completas y autónomas. La exigencia de adquisición de bienes nacionales se reduce al 10% del valor FOB de los bienes importados, con flexibilidad para estructurar compras locales.

Los plazos de rendición de cuentas se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026 o seis meses después de la aprobación del proyecto. El régimen sancionatorio se endurece, contemplando la ejecución total de garantías y la inhabilitación por tres años en caso de irregularidades graves, además de la comunicación a colegios profesionales para sanciones disciplinarias.

El Gobierno busca revertir la salida histórica de Inversión Extranjera Directa y fortalecer la competitividad industrial, en un contexto de emergencia energética y restricciones de oferta. Quince provincias adhirieron al RIGI, habilitando beneficios fiscales y cambiarios. Las autoridades reconocen que los resultados requerirán tiempo, pero esperan que las medidas incentiven la llegada de capitales y la creación de empleo.