Dos recientes fallos judiciales en Argentina han puesto en el centro del debate la responsabilidad de los bancos frente a las estafas digitales que afectan a jubilados y personas mayores. En La Plata, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó una sentencia que obliga al Banco Francés (BBVA) a devolver a una jubilada $772.000 y US$22.000, además de una indemnización de $10 millones por daño moral y punitivo. La víctima, Liliana F., de 69 años y con diagnóstico de esclerosis múltiple, fue engañada en 2022 mediante una maniobra de phishing: tras intentar cancelar una hipoteca, recibió mensajes y llamadas de supuestos empleados del banco, quienes la convencieron de entregar sus claves de homebanking. Los delincuentes vaciaron sus cuentas en minutos. La Justicia consideró que el banco no implementó medidas de seguridad adecuadas y que la clienta era una "consumidora hipervulnerable". La jueza Laura Marta Larumbe afirmó: "El banco es quien diseña sus plataformas, fija las medidas de seguridad y está en mejores condiciones que nadie para evitar estos fraudes". El fallo fue celebrado por el abogado de la víctima, quien remarcó la importancia de sentencias ejemplificadoras para mejorar la ciberseguridad bancaria.

En contraste, en San Martín, otra jubilada fue víctima de una estafa digital en 2020, perdiendo $30.000 y siendo afectada por préstamos fraudulentos a su nombre. Sin embargo, la Justicia rechazó su demanda contra el banco, argumentando que la entrega voluntaria de credenciales eximía a la entidad de responsabilidad. El juez sostuvo que no se comprobó una falla en los sistemas de seguridad y que la carga de la prueba recae en la parte que alega el daño. La sentencia subrayó los límites de la responsabilidad bancaria cuando el usuario participa activamente en la entrega de información confidencial.

Estos casos reflejan la disparidad de criterios en la Justicia argentina respecto a la protección de los usuarios bancarios ante fraudes digitales. Mientras algunos tribunales priorizan la vulnerabilidad de los clientes y la obligación de los bancos de garantizar la seguridad, otros enfatizan la responsabilidad individual y la necesidad de pruebas contundentes. El debate continúa abierto, en un contexto de creciente preocupación por la ciberseguridad y la protección de los consumidores más expuestos.