La reciente detención de ocho militantes peronistas, entre ellas la concejala de Quilmes Eva Mieri y Alexia Abaigar, ha provocado una ola de repudios y preocupación en el ámbito político y social argentino. Los arrestos, ordenados por la jueza Sandra Arroyo Salgado tras un escrache al diputado José Luis Espert, fueron calificados por referentes opositores y organismos de derechos humanos como un acto de persecución política y criminalización de la protesta.

Según denunció el diputado nacional Diego Giuliano, "lo que está ocurriendo en Argentina es gravísimo. Se está violentando la convivencia democrática. Es persecución". Giuliano detalló que las detenciones se realizaron con una rapidez inusual y sin fundamentos procesales sólidos, señalando que "a Eva Mieri la detuvieron en su casa, en plena madrugada, sin riesgo procesal ni condena". El legislador exigió la inmediata liberación de los detenidos y el cese de la persecución a quienes piensan distinto.

Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo también se sumaron al reclamo, solicitando al Poder Ejecutivo la "inmediata libertad" de los militantes detenidos, a quienes consideran "víctimas de la persecución y criminalización política". Desde el ámbito universitario, agrupaciones como Feduba manifestaron alarma por lo que consideran un "retroceso brutal" en la convivencia democrática y la institucionalidad del país.

Por su parte, sectores de la izquierda criticaron la respuesta electoralista del peronismo ante estos hechos y llamaron a una movilización masiva para enfrentar lo que consideran una avanzada represiva del Poder Judicial y el Gobierno. "No enfrentar los ataques presentes solo empodera a la derecha", advirtió un editorial de La Izquierda Diario.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión política, con antecedentes de denuncias de persecución judicial a opositores y proscripción política. Diversos actores advierten sobre el peligro de naturalizar la represión y el impacto que esto puede tener en la democracia argentina. El debate sobre la criminalización de la protesta y la vigencia de las garantías democráticas vuelve así al centro de la agenda pública.