El diputado nacional Carlos Cisneros, representante de Tucumán por Unión por la Patria y dirigente sindical de La Bancaria, es investigado por la Justicia federal bajo la acusación de trata de personas y asociación ilícita. La causa, que se originó tras la denuncia de una joven empleada de la Caja Popular de Ahorros —institución que Cisneros controló durante años—, ha escalado hasta el Congreso de la Nación, donde se discute la posibilidad de su desafuero.

El juez federal Guillermo Díaz Martínez notificó formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre la situación judicial de Cisneros, aunque no solicitó su desafuero de manera explícita. La diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto para que la Comisión de Asuntos Constitucionales analice sanciones disciplinarias y el eventual desafuero del legislador. Sin embargo, la composición actual de la Cámara hace improbable que prospere la medida, ya que Unión por la Patria cuenta con suficientes bancas para bloquear cualquier intento.

La investigación judicial se desprende del denominado "caso Vélez", en el que cuatro futbolistas fueron inicialmente acusados de abuso sexual y luego sobreseídos. A partir de ese expediente, la Justicia federal abrió una nueva línea de investigación por presunta trata de personas y manipulación de la víctima, involucrando a Cisneros y otros allegados. El fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la declaración indagatoria del diputado y de otros implicados, basándose en pericias digitales y testimonios que apuntan a una estructura criminal.

Cisneros ha negado las acusaciones, argumentando que la denuncia en su contra es una represalia por su apoyo a la denunciante original y ha denunciado una operación política en su contra. El caso ha generado un intenso debate en el Congreso y ha polarizado a los bloques políticos, mientras que en el ámbito sindical y político tucumano se evidencian fracturas y tensiones internas.

En paralelo, la [Caja Popular de Ahorros de Tucumán](/entities/entity_1767503502585_921), bajo la gestión de Cisneros, enfrenta auditorías por presunta retención indebida de fondos públicos destinados a salud y deporte, lo que agrava el contexto judicial y político del legislador. La resolución del caso dependerá del avance de la investigación judicial y de las eventuales decisiones que tome la Cámara de Diputados en las próximas semanas.