El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el histórico programa de acceso a la vivienda lanzado en 2012, mediante la publicación de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024. La medida, que implica el cierre definitivo del fideicomiso y la transferencia de la administración de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A., fue fundamentada por el Ejecutivo en la necesidad de reducir el gasto público, transparentar fondos y dejar la financiación de viviendas en manos de bancos comerciales, tanto públicos como privados.

Según los considerandos oficiales, la decisión se apoya en auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectaron demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad en algunas unidades, desactualización de manuales de procedimiento y dificultades para el control y fiscalización de recursos. Además, se argumenta que el programa se había convertido en una "pesada carga" para las cuentas públicas.

A pesar de la disolución, los titulares de créditos hipotecarios y personales otorgados bajo el Procrear mantendrán sus condiciones contractuales originales, incluyendo monto, tasa de interés y cronograma de pagos. El Banco Hipotecario continuará gestionando estos préstamos bajo las condiciones establecidas en el fideicomiso de 2012, garantizando la seguridad jurídica de los beneficiarios.

En cuanto a las obras inconclusas, la responsabilidad de su finalización y adjudicación recaerá en las provincias, municipios o, eventualmente, en el sector privado. Algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, ya asumieron el compromiso de concluir proyectos con fondos propios. Los inmuebles y bienes no afectados a contratos vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) o redistribuidos entre organismos estatales.

El cierre del Procrear se inscribe en un proceso de reforma estatal más amplio, orientado a reducir la intervención directa del Estado en materia de vivienda y a promover el protagonismo de bancos privados y gobiernos locales. Esta decisión ha generado debate: mientras el Gobierno sostiene que la medida mejorará la eficiencia y transparencia, exfuncionarios y sectores críticos advierten sobre el impacto social y la posible transferencia de recursos públicos a actores privados.

El futuro del acceso al crédito hipotecario y la finalización de las cerca de 17.000 viviendas en desarrollo quedan ahora sujetos a la gestión de provincias, municipios y el mercado financiero, marcando un cambio de paradigma en la política habitacional argentina.