El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó esta semana un controvertido proyecto que habilita la reelección indefinida de legisladores provinciales, una medida que ha generado un fuerte debate tanto dentro del oficialismo como en la oposición. La iniciativa, impulsada por sectores del peronismo, fue sancionada en la cámara alta tras una votación sumamente ajustada: el empate 22 a 22 fue resuelto por el voto de la vicegobernadora Verónica Magario, quien afirmó: “A diferencia de lo que pasó hace unos largos años en Argentina, mi voto es positivo”.

El proyecto excluye a los intendentes, lo que generó malestar en algunos sectores del oficialismo, pero permite que diputados y senadores provinciales puedan ser reelectos sin límite, como ocurre en el Congreso nacional. Sin embargo, la propuesta enfrenta un panorama complejo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con quórum propio y necesita negociar con otros bloques para avanzar.

La oposición, integrada por el PRO, la UCR, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica, ha manifestado un rechazo categórico a la reforma. A este rechazo se suman sectores internos del peronismo, como el Frente Renovador y Patria Grande, que consideran que la medida debilita la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones. El bloque Unión Renovación y Fe, que en otras ocasiones fue clave para el oficialismo, también expresó su negativa, argumentando que “alterar las reglas del juego en plena recta final del calendario electoral genera un grave precedente institucional”.

La ley vigente, sancionada en 2016 y parcialmente modificada en 2021, limita a dos los mandatos consecutivos para legisladores, intendentes y concejales. De no aprobarse la reforma antes del 19 de julio, 21 legisladores de distintos partidos quedarían impedidos de integrar las listas para las elecciones del 7 de septiembre.

El debate sobre la reelección indefinida expone las tensiones entre la búsqueda de renovación política y la persistencia de privilegios en la clase dirigente. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma iguala condiciones con el Congreso nacional, críticos advierten que prioriza intereses políticos sobre las demandas ciudadanas. El desenlace de la discusión en Diputados será clave para definir el futuro político de la provincia y la percepción pública sobre la transparencia y legitimidad del sistema legislativo bonaerense.