El reciente encuentro entre funcionarios del Gobierno nacional y representantes de las provincias argentinas concluyó sin avances concretos en la disputa por el reparto de fondos federales. La reunión, encabezada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, tenía como objetivo acercar posiciones respecto a la distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Durante el encuentro, el Gobierno nacional propuso transferir únicamente los fondos viales del impuesto a los combustibles, condicionando el financiamiento a la asunción de la responsabilidad de ejecución de las obras por parte de las provincias. Además, se reiteró la importancia de mantener el equilibrio fiscal, advirtiendo que la propuesta de los gobernadores podría llevar a un déficit en las cuentas públicas. “Estamos convencidos de que la única forma de estabilizar la macro es el equilibrio fiscal. Este redunda en beneficios para las provincias como la baja de la inflación del 25 al 1,5%”, sostuvo Guberman.

Sin embargo, los gobernadores consideraron insuficiente la oferta y manifestaron su intención de avanzar con un proyecto de ley propio en el Congreso. El reclamo central de las provincias es eliminar los fondos fiduciarios y modificar la distribución de los ATN, que actualmente se otorgan de manera discrecional y no automática. Según fuentes provinciales, la propuesta oficial solo contempla una pequeña parte de los recursos, lo que limita la capacidad de las jurisdicciones para financiar obras y servicios.

El conflicto se produce en un contexto de caída de la coparticipación federal y crecientes tensiones políticas, especialmente de cara a las próximas elecciones. Los mandatarios provinciales acusan al Gobierno de priorizar el superávit fiscal sobre las necesidades de las provincias. El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, llegó a calificar de “trucho” el superávit nacional, argumentando que se logra a costa de retener fondos que corresponden a las provincias.

Por su parte, el Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal es fundamental para la estabilidad macroeconómica y la reducción de la inflación, y se muestra dispuesto a mantener el diálogo abierto. Sin embargo, la falta de acuerdo augura nuevas disputas en el Congreso, donde los gobernadores buscarán modificar el esquema de reparto de fondos federales. El desenlace de este conflicto será clave para la relación entre la Nación y las provincias en los próximos meses.