El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) despidió a 21 empleados, cerca del 25% de su plantilla, en su sede de Posadas, Misiones, en una decisión que generó conmoción entre los trabajadores y el sector yerbatero. El recorte fue aprobado por mayoría en el directorio del organismo, bajo el argumento de una reestructuración administrativa vinculada a la reducción de funciones, en línea con la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

La medida se produjo apenas semanas después de la asunción de Rodrigo Correa como presidente del INYM, designado por Nación, y coincidió con el aumento de la tasa de fiscalización, conocida como estampilla, que pasó de 25 a 32 pesos por kilo, un incremento del 28%. El organismo, que nació tras una histórica protesta agraria en Misiones, perdió en los últimos dos años sus principales facultades regulatorias tras el DNU 70/2023, quedando el mercado yerbatero librado a la oferta y demanda.

Los despidos afectaron a trabajadores de planta permanente, muchos de ellos con años de antigüedad y afiliación gremial, incluidos dos delegados con tutela sindical. El procedimiento fue calificado como "cruel" por la secretaria general de ATE Misiones, Miriam López, quien denunció que los empleados fueron llamados uno por uno ante escribanos para comunicarles la cesantía. El gremio anunció acciones legales y una conferencia de prensa para impugnar los despidos, especialmente los de los delegados gremiales.

El impacto social de la medida es profundo, en un contexto de crisis para el sector yerbatero, con precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y numerosos productores obligados a vender a pérdida o abandonar la cosecha. Mientras algunos sectores industriales y productores apoyan la reestructuración y modernización del INYM, el Gobierno de Misiones y representantes de pequeños productores expresaron su rechazo y preocupación por el futuro del organismo y de los trabajadores afectados.

El presidente Rodrigo Correa, al asumir, prometió avanzar en la modernización y desburocratización del Instituto, asegurando que se buscará mejorar los controles y mantener los estándares de calidad sin entorpecer la actividad. Sin embargo, aún no se ha pronunciado públicamente sobre los despidos y la reorganización del INYM. El futuro del organismo y del sector yerbatero permanece incierto, en medio de una crisis que golpea a toda la cadena productiva y genera preocupación por el destino de los fondos y el rumbo institucional.