Milton Tolomeo, masajista deportivo y activista social, permanece como el único detenido tras la represión policial ocurrida durante la protesta contra la reforma laboral en Lanús el pasado 11 de febrero. Su caso ha generado una amplia campaña de organizaciones sociales y de derechos humanos que exigen su liberación y denuncian el agravamiento de sus condiciones de detención.

Tolomeo fue arrestado bajo la acusación de haber arrojado bombas molotov contra el cordón policial, y se le dictó prisión preventiva por los delitos de tenencia de material incendiario, intimidación pública y atentado a la autoridad. Sin embargo, la defensa sostiene que la identificación realizada por la policía federal es dudosa y que el detenido cuenta con suficiente arraigo, carece de antecedentes y no representa riesgo de entorpecer el proceso judicial. "No existen motivos para su situación de prisión preventiva", afirmó la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.

A pesar de que el juez rechazó la pretensión de la fiscalía de encuadrar los hechos como terrorismo, el Servicio Penitenciario Federal incluyó a Tolomeo en el sistema de alto riesgo, creado en 2024 por el Ministerio de Seguridad. Esta medida implica aislamiento extremo en la cárcel de Ezeiza, donde el detenido permanece sin visitas ni comunicación telefónica, con acceso restringido a mercadería y contacto únicamente con personal penitenciario identificado con pasamontañas. "Hasta hoy no ha podido ser visitado por familiares ni ha podido comunicarse telefónicamente", denunció la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Actualmente, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad debe resolver la apelación de la prisión preventiva, mientras se ha presentado un recurso de habeas corpus correctivo para exigir el cese de las condiciones de aislamiento y la restitución de los derechos de comunicación y alojamiento garantizados por la Constitución y convenios internacionales.

El caso de Tolomeo se inscribe en un contexto de creciente conflictividad social y denuncias sobre la criminalización de la protesta en Argentina, especialmente tras la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Organizaciones como la Asamblea Autoconvocada de Lanús y Correpi llaman a la movilización y sostienen que "protestar no es delito". El desenlace judicial y político del caso podría tener implicancias en el debate sobre derechos civiles y represión estatal en el país.