Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, presentó ante el Tribunal Oral Federal N°2 un listado reservado de personas autorizadas a visitarla durante su arresto domiciliario en el barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida responde a una exigencia judicial tras la concesión de la prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

El listado, cuyo contenido permanece confidencial, incluiría a familiares cercanos, abogados, médicos y personal de custodia. Según fuentes judiciales, la defensa de Kirchner solicitó que la lista se mantenga bajo reserva y que se flexibilicen las restricciones para recibir visitas, argumentando que las limitaciones actuales son "arbitrarias" y "violatorias de derechos civiles". Sin embargo, el Tribunal rechazó el pedido de visitas sin restricciones, manteniendo la obligación de que cualquier persona no incluida en la nómina deba solicitar autorización judicial previa para ingresar al domicilio.

La resolución judicial también establece que la exmandataria debe portar una tobillera electrónica para garantizar el monitoreo de su ubicación. El Servicio Penitenciario Federal, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, es responsable de controlar el cumplimiento de la detención y los accesos al departamento. La defensa de Kirchner anunció que apelará la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, insistiendo en que las condiciones impuestas exceden lo permitido por la ley y afectan derechos fundamentales.

El caso ha generado debate en el ámbito político y jurídico. Mientras la defensa sostiene que el régimen de visitas es un "castigo extra" y discriminatorio en comparación con otros condenados, el Tribunal argumenta que las medidas buscan asegurar el cumplimiento de la pena y la tranquilidad del vecindario. Además, una misión internacional de especialistas en derechos humanos calificó la imposición de la tobillera electrónica como "innecesaria y desproporcionada".

El desarrollo de este caso será seguido de cerca, ya que la Cámara de Casación deberá decidir sobre los recursos presentados tanto por la defensa como por la fiscalía, que también cuestionó la prisión domiciliaria. El debate sobre los límites y condiciones de la detención domiciliaria de figuras políticas continúa generando controversia en la sociedad argentina.