El Gobierno nacional concretó un importante recambio en el Ministerio de Justicia con la asunción de Juan Bautista Mahiques, quien reemplaza a Mariano Cúneo Libarona en un contexto de fuerte crisis institucional en el Poder Judicial. La llegada de Mahiques, impulsada por la secretaria general Karina Milei, marca un giro en la interna oficialista y refuerza la influencia de la hermana del presidente, desplazando a Santiago Caputo de la toma de decisiones clave.

Mahiques asume con la tarea prioritaria de revisar y actualizar la lista de candidatos para cubrir más de 200 vacantes de jueces y fiscales nacionales y federales, una situación que ha generado alarma en la Corte Suprema y en el sistema judicial por la parálisis en las designaciones. Según fuentes oficiales, el Gobierno planea enviar en las próximas semanas unos 50 pliegos al Senado, priorizando los tribunales más críticos y los federales del interior del país, donde la falta de magistrados afecta gravemente el funcionamiento judicial.

La crisis de vacantes, que alcanza el 37% y podría llegar al 42% este año, se agravó por la ausencia de designaciones durante los últimos dos años y por la acumulación de renuncias y jubilaciones. El nuevo ministro, considerado un defensor del sistema acusatorio, tendrá un rol central en la inminente implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, especialmente en Córdoba, donde el cambio de paradigma judicial está previsto para junio.

El recambio ministerial también expone las tensiones internas en el oficialismo. La designación de Mahiques y de Santiago Viola, ambos cercanos a Karina Milei, representa una consolidación de su poder en detrimento de Caputo, quien hasta ahora tenía fuerte influencia en el área. "Es el inicio de una era K, con K de Karina", ironizó un operador político citado por Infobae.

Sin embargo, la llegada de Mahiques no está exenta de polémica. Su red de vínculos con figuras del poder judicial y político, así como su pertenencia a una familia tradicional de la Justicia, genera dudas sobre la coherencia del discurso oficialista contra la "casta". Analistas advierten que, más allá de los discursos de renovación, las redes de influencia y los apellidos históricos siguen pesando en la administración de justicia.

El Gobierno, por su parte, busca aprovechar un escenario parlamentario más favorable tras las elecciones legislativas para avanzar con los nombramientos y así responder a la demanda de mayor eficiencia y transparencia en el sistema judicial. La cobertura de vacantes en la Corte Suprema y los cargos de Procurador General y Defensor General, sin embargo, no figuran entre las prioridades inmediatas del Ejecutivo, que aún no cuenta con los votos necesarios en el Senado para esos nombramientos.

El futuro del Poder Judicial argentino dependerá en gran medida de la capacidad del nuevo ministro para gestionar estas designaciones y de la evolución de las internas políticas en el oficialismo, en un contexto de alta sensibilidad institucional y social.