Los gremios estatales de Córdoba han decidido intensificar su plan de lucha contra la reciente reforma previsional sancionada por la Legislatura provincial. En una reunión celebrada en la sede del Sindicato de Viales, representantes de más de veinte sindicatos, entre ellos SEP, UEPC, Luz y Fuerza, Judiciales y Bancarios, acordaron la realización de medidas de fuerza sorpresivas durante el mes de enero. El objetivo es visibilizar el conflicto y denunciar públicamente lo que consideran un ajuste sobre los salarios y jubilaciones de los trabajadores estatales.

La reforma, conocida como "Ley de Equidad Jubilatoria", establece aumentos escalonados en los aportes de los trabajadores activos y una reducción directa en los haberes jubilatorios. Según los gremios, la normativa también absorbe futuros aumentos para los pasivos, consolidando un esquema de licuación permanente de ingresos. "La suba de aportes vuelve a descargar el ajuste sobre quienes viven de su salario y su jubilación", señalaron en un comunicado conjunto.

En paralelo a las protestas, los sindicatos han comenzado a evaluar acciones legales conjuntas. Entre las alternativas analizadas se encuentran la presentación de amparos colectivos y la participación en instancias de mediación ante la Corte Suprema de Justicia. Un reciente fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación admitió un amparo presentado por una jubilada municipal, ordenando a la provincia abstenerse de aplicar descuentos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Este fallo es interpretado por los gremios como un respaldo parcial a sus reclamos y un revés para el Ejecutivo provincial.

El gobierno de Córdoba, por su parte, sostiene que la reforma no implica una reducción nominal de los haberes y defiende la medida como necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. Sin embargo, los sindicatos insisten en que la ley afecta derechos adquiridos y exigen la eliminación inmediata de los nuevos porcentajes de aporte.

El conflicto se enmarca en una serie de reformas previas al sistema previsional cordobés y en el reclamo de la provincia por la devolución de fondos previsionales adeudados por la Nación. Jubilados y adherentes a la iniciativa popular por el 82% móvil también evalúan acciones legales, argumentando que la nueva ley no respeta el espíritu de su propuesta.

Se prevé que las próximas semanas estarán marcadas por nuevas protestas y definiciones judiciales, mientras el gobierno provincial busca sostener la reforma y los gremios mantienen su rechazo.