Dos hombres fueron detenidos en Mendoza tras una investigación federal que los vinculó con la difusión de mensajes antisemitas, amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei y apología del nazismo a través de redes sociales. El operativo, realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, se llevó a cabo en los partidos de Guaymallén y Godoy Cruz, donde se efectuaron allanamientos simultáneos en domicilios identificados durante la pesquisa.

La investigación se inició en octubre, luego de que la División de Coordinación Antiterrorista de la Policía de Mendoza detectara publicaciones en redes sociales con expresiones discriminatorias y violentas. Entre los mensajes, se encontraban frases como “No hay que frenarlo, hay que matarlo” y “A las ratas se las deben envenenar”, dirigidas tanto al presidente Milei como a la comunidad judía. El material fue remitido a la Justicia federal, que dispuso la intervención de áreas especializadas y la realización de tareas de inteligencia digital para identificar a los responsables.

Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron dos armas de fuego (calibres 9 mm y .22), municiones, teléfonos celulares y elementos con simbología nazi, como un paño con el águila imperial y una cruz celta. Los detenidos, de 37 y 43 años, quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza y del Ministerio Público Fiscal, mientras que las armas y los objetos incautados fueron sometidos a peritaje judicial.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó en redes sociales la política de “tolerancia cero al antisemitismo” y subrayó que “la discriminación y la violencia no tienen lugar en la Argentina”. El caso se inscribe en el marco de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios y forma parte de las acciones oficiales para prevenir y sancionar expresiones de odio y violencia política en el país.

La causa, que permanece bajo secreto de sumario, expone la preocupación por el aumento de discursos de odio en entornos digitales y la necesidad de respuestas institucionales coordinadas. Organizaciones de la comunidad judía y de derechos humanos han reclamado sanciones ejemplares, mientras el gobierno nacional resalta la articulación entre fuerzas federales y provinciales para la detección temprana de este tipo de conductas. El expediente mendocino reaviva el debate sobre los límites del discurso en redes sociales y la respuesta penal ante amenazas concretas, en un contexto de creciente polarización y violencia política.