El presidente Javier Milei vetó la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales, tras el temporal del 7 de marzo que dejó 16 muertos y cuantiosos daños materiales. La medida, publicada en el Boletín Oficial, anuló la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a la reconstrucción de la zona afectada, lo que generó un fuerte rechazo de la oposición y de las autoridades locales.

La ley, impulsada por la senadora Juliana Di Tullio y aprobada por unanimidad en el Senado, había contado inicialmente con el apoyo de legisladores oficialistas. Sin embargo, en Diputados, el bloque de La Libertad Avanza cambió su postura y votó en contra, anticipando la decisión presidencial. El Gobierno justificó el veto argumentando que la ley duplicaba fondos ya asignados por decreto y carecía de previsión presupuestaria, además de incluir municipios no contemplados en los informes técnicos.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, expresó su preocupación por la falta de avances en la reconstrucción y reclamó mayor gestión y presupuesto: “Bahía Blanca merece una respuesta adecuada y la necesita”, afirmó. Según estimaciones locales, los daños superan los $400.000 millones, mientras que la ayuda nacional previa incluyó $200.000 millones por decreto, $10.000 millones al municipio y líneas de crédito, además de asistencia logística y sanitaria.

Desde la oposición, legisladores y referentes provinciales calificaron la medida como "cruel" y "desalmada", y anticiparon que insistirán con la ley en el Congreso. Argumentan que la norma vetada tenía un alcance más amplio, contemplaba control parlamentario y soluciones estructurales, y abarcaba también a Coronel Rosales, excluido del decreto presidencial.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la asistencia ya fue otorgada y que la ley representaba un gasto adicional sin financiamiento claro. El debate se produce en un contexto de reclamos de gobernadores por una mayor coparticipación de fondos nacionales y en medio de tensiones políticas por la distribución de recursos ante emergencias. El futuro de la reconstrucción de Bahía Blanca y la respuesta estatal sigue siendo motivo de controversia y debate en el Congreso.