La Justicia Federal de Tucumán procesó a ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al desvío de armas de fuego desde el circuito legal argentino hacia el mercado clandestino en Chile. Según la investigación, liderada por la Fiscalía Federal N°2 y el fiscal Agustín Chit, los procesados cumplían roles clave en la adquisición y provisión de armamento, valiéndose de usuarios legítimos, documentación falsa y maniobras para ocultar el destino final de las armas.

El caso tomó relevancia tras un operativo de Gendarmería Nacional en diciembre de 2023, cuando dos ciudadanos chilenos fueron detenidos en La Invernada transportando ocho pistolas de alto calibre, cargadores y dinero en efectivo. El análisis de los teléfonos secuestrados y los registros de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) permitió reconstruir la cadena de suministro, confirmando que las armas habían sido adquiridas en Tucumán pocos días antes.

La organización, según la hipótesis fiscal, captaba personas habilitadas como usuarios legítimos para registrar armas a su nombre, que luego eran entregadas inmediatamente a la red de contrabando. Empleados de una armería local facilitaban las operaciones mediante la falsificación de firmas y el uso de documentación apócrifa. Un caso particularmente grave fue el registro de un arma a nombre de una persona fallecida en 2020.

Durante los allanamientos realizados en San Miguel de Tucumán y Los Ralos, se incautaron más de 20 armas de fuego, municiones, accesorios, credenciales y dinero. El juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó el procesamiento sin prisión preventiva, pero impuso embargos de hasta 12 millones de pesos y prohibió la salida del país a los acusados, quienes deberán presentarse semanalmente ante el tribunal.

Esta causa es una derivación de una investigación de mayor alcance en Mendoza, donde se ha solicitado el juicio para 34 personas acusadas de integrar una red de tráfico internacional de armas que operaba principalmente a través del paso Cristo Redentor. Las autoridades continúan con peritajes y medidas para determinar el alcance total de la organización y posibles ramificaciones en otras provincias.