El Congreso argentino se encuentra en el centro de una intensa disputa política y fiscal tras la aprobación en el Senado de proyectos que buscan aumentar los fondos destinados a las provincias. Las iniciativas, que incluyen la automatización de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la modificación del reparto del impuesto a los combustibles, cuentan con el respaldo de la mayoría de los gobernadores, quienes buscan garantizar una mayor previsibilidad y equidad en la asignación de recursos.

El presidente Javier Milei ha reaccionado con firmeza ante estos avances legislativos, advirtiendo que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el superávit fiscal alcanzado por su administración. Además, el mandatario ha amenazado con judicializar las normas en caso de que el Congreso insista en su aprobación, lo que ha elevado la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), la reforma de los ATN implicaría un costo fiscal de $269.465 millones en el segundo semestre de 2025, beneficiando principalmente a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El estudio también señala que, históricamente, la Nación ha retenido más de la mitad de los fondos ATN, distribuyendo solo el 48% a las provincias entre 2017 y 2025.

En la Cámara de Diputados, la oposición se prepara para convocar a una sesión el 30 de julio con el objetivo de avanzar en la aprobación definitiva de los proyectos y blindarlos ante un eventual veto presidencial. Para ello, buscan reunir los dos tercios necesarios, una tarea compleja dada la fragmentación política y las diferencias internas entre los bloques opositores.

El oficialismo, por su parte, intenta demorar el tratamiento de las iniciativas y sostiene que el equilibrio fiscal es innegociable. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, manifestó que no vetaría la redistribución automática de los ATN, aunque advirtió sobre el debate federalista que podría abrirse si el Congreso modifica la ley de coparticipación sin el aval de las provincias.

Economistas advierten que el aumento del gasto derivado de estas reformas podría revertir la baja de la inflación y comprometer la estabilidad macroeconómica. El Gobierno nacional interpreta el avance legislativo como un intento de la oposición por debilitar su programa económico, mientras los gobernadores insisten en la necesidad de recomponer ingresos y autonomía financiera.

El desenlace de esta pulseada fiscal será clave para el futuro del plan económico de Milei y la relación entre la Nación y las provincias, en un contexto de alta tensión política y social.