El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina se encuentra marcado por un paro nacional docente que afecta a más de ocho millones de estudiantes en quince provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La medida de fuerza, convocada por CTERA y acompañada por UDA, CEA, Sadop y Amet, responde a la profunda crisis salarial que atraviesa el sector, con el salario promedio docente en su nivel más bajo de los últimos veinte años.

El reclamo central de los gremios incluye la recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —eliminado hace dos años— y un incremento urgente del presupuesto educativo. Según datos oficiales, la inversión nacional en educación cayó al 0,75% del PBI en 2026, el valor más bajo en décadas, mientras que la inflación acumulada desde 2024 alcanzó el 269,8%, frente a un aumento salarial de apenas 127,3%. Esta situación ha generado una pérdida del poder adquisitivo del 38,5% para los docentes.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazó la última oferta salarial del gobierno provincial, que proponía un aumento del 3% para febrero. Silvia Velasco, secretaria general de SUTEBA Junín, señaló: "No hablamos de una relación rota con Provincia, pero sí de tensión y malestar docente porque el salario viene perdiendo mucho poder adquisitivo". Por su parte, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, advirtió: "Hoy los maestros ya no llegan a fin de mes" y cuestionó las políticas educativas del gobierno nacional.

El Ministerio de Capital Humano convocó a una reunión paritaria nacional para el lunes 2 de marzo, acatando una decisión judicial que suspendió el decreto que intentaba dejar la negociación salarial en manos de las provincias. Mientras tanto, diputados opositores presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia salarial docente y recomponer los ingresos, en respuesta a la retracción de la inversión educativa tanto nacional como provincial.

El paro docente se da en un contexto de creciente conflictividad social, con movilizaciones y protestas en distintas provincias. Los gremios advierten que la situación actual podría derivar en mayores dificultades para sostener la calidad del sistema educativo argentino y exigen al Gobierno nacional y a las provincias respuestas concretas para revertir el deterioro salarial y presupuestario. El debate sobre el proyecto de "Ley de Libertad Educativa" suma tensión, ya que los sindicatos consideran que implica un retroceso en el rol del Estado como garante de la educación pública.

El conflicto docente pone en evidencia la necesidad de un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo y fortalecer el financiamiento educativo, en un escenario donde la educación pública enfrenta desafíos estructurales y urgentes.