La investigación judicial sobre la concesión del Estadio José María Minella y otros espacios deportivos de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo tras la citación de cuatro concejales opositores a prestar declaración testimonial. La causa, impulsada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, apunta a posibles irregularidades en la licitación que adjudicó la administración de estos bienes públicos a la empresa Minella Stadium S.A., integrada por el grupo brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter.

Según fuentes judiciales, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos había convocado a los ediles Diego García y Valeria Crespo (Unión por la Patria) y Horacio Taccone y Gustavo Pulti (Acción Marplatense), quienes votaron en contra de la adjudicación. Sin embargo, las audiencias previstas para este miércoles fueron suspendidas debido a que el expediente de la licitación permanece en poder de la Policía Judicial, lo que impide avanzar en las declaraciones sin contar con la documentación clave.

La denuncia de Pettigiani sostiene que la empresa adjudicataria no habría cumplido con los compromisos asumidos, entre ellos la inversión de 40 millones de dólares en 30 años y la organización de numerosos eventos anuales en el Minella y el Polideportivo Islas Malvinas. Además, el fiscal puso el foco en el origen de los fondos, ya que Revee está controlada por REAG, una firma involucrada en el escándalo financiero del Banco Máster de Brasil. "¿La municipalidad entregó ese importante patrimonio a un concesionario solvente? ¿Los fondos comprometidos tienen un origen lícito?", cuestionó Pettigiani en su presentación.

En el Concejo Deliberante, el concejal Horacio Taccone criticó la falta de transparencia y aseguró que "las obras no arrancaron porque la plata no está". Taccone también advirtió sobre la imposibilidad de cumplir con la cantidad de eventos prometidos y denunció que el contrato de concesión prohíbe habilitar obras similares en las inmediaciones, lo que podría afectar la competencia y el desarrollo local.

Mientras la investigación avanza, la oposición expresa malestar por las demoras en las notificaciones y exige mayor claridad sobre el proceso. El oficialismo, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso. El desenlace de la causa podría tener implicancias significativas para la gestión del patrimonio público y la transparencia en la administración municipal de Mar del Plata.