El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó una nueva disposición que sanciona a quienes revuelvan basura en los contenedores y ensucien el espacio público, generando un fuerte debate social y político. La medida, anunciada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y defendida por la vocera Laura Alonso, establece multas de hasta $890.544 y trabajos comunitarios para quienes infrinjan la normativa, según lo dispuesto en el artículo 94 del Código Contravencional porteño.

La orden fue comunicada a través de redes sociales y acompañada por operativos policiales en la vía pública, donde agentes increpan a recolectores informales, les exigen limpiar el área y, en caso de negativa, aplican sanciones. "La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro. Se terminó la impunidad para los ‘recicladores’", expresó Alonso en su cuenta de X.

El secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, explicó que la instrucción no constituye un operativo especial, sino que se incorpora al patrullaje habitual. "La Policía de la Ciudad va a sancionar a quienes revuelvan la basura y ensucien el espacio público", remarcó, aclarando que la sanción se aplica solo si la persona rechaza limpiar la zona.

La disposición generó rechazo entre intelectuales, artistas y legisladores, quienes la consideran aporofóbica y de difícil aplicación para personas en situación de vulnerabilidad. La legisladora Ofelia Fernández criticó duramente a Alonso, cuestionando la lógica de multar a quienes buscan subsistir. "Me pregunto cómo piensan cobrarle una multa a una persona que necesita buscar en la basura para comer o subsistir", expresó la escritora Claudia Piñeiro.

El debate se amplificó en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas y cuestionamientos a la medida y a sus impulsores. Para algunos, la iniciativa representa un endurecimiento del discurso público, alineándose con sectores de derecha y generando preocupación por el trato a personas en situación de pobreza.

En paralelo, el gobierno porteño ha implementado otras acciones para mejorar la higiene urbana, como la incorporación de contenedores antivandálicos y programas de desodorización. Sin embargo, la problemática de los recolectores informales y la aporofobia sigue siendo motivo de controversia y discusión pública, con implicaciones sociales y políticas que podrían extenderse en el futuro.