La provincia de Buenos Aires atraviesa una intensa disputa política y económica tras la aprobación legislativa de un nuevo pedido de endeudamiento por parte del gobernador Axel Kicillof. El monto, que asciende a US$ 3.685 millones, fue sancionado en la Legislatura bonaerense gracias al apoyo parcial del PRO y el rechazo de La Libertad Avanza, en una sesión marcada por acusaciones de reparto de cargos y diferencias entre aliados.

La autorización definitiva para concretar la operación depende ahora del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, que ha puesto en duda la necesidad y el destino de los fondos solicitados. El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que la administración bonaerense no cumple con la ley de responsabilidad fiscal federal, señalando que el gasto corriente de la provincia aumentó un 2,1% en términos reales durante el primer semestre del año, por encima de la inflación. "Técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque Buenos Aires no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal", sostuvo Caputo.

Por su parte, Kicillof defendió la urgencia de la operación y aseguró que el financiamiento es vital para el sostenimiento de las finanzas provinciales. "Quiero ser claro: esta deuda no tiene como objetivo financiar el déficit. Es una herramienta esencial para el refinanciamiento de compromisos ya contraídos y para asegurar el funcionamiento normal de la Provincia", afirmó el gobernador.

El debate sobre el destino de los fondos y la transparencia en la gestión pública se ha convertido en el eje central de la discusión, mientras que la relación entre Nación y Provincia se mantiene tensa. Otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, han recibido autorización para endeudarse, pese a registrar aumentos de gasto similares.

En este contexto, las negociaciones continúan y se espera que la decisión del gobierno nacional defina el futuro financiero de Buenos Aires. Una negativa podría dejar a la provincia con serias dificultades para honrar sus obligaciones, lo que incrementa la presión sobre ambas administraciones y pone en evidencia la compleja dinámica política y económica que atraviesa el país.