El Concejo Deliberante de Colonia Elisa, en la provincia de Chaco, resolvió destituir al concejal de La Libertad Avanza, Fernando Romero, tras un episodio que generó conmoción en la comunidad. Romero fue removido de su cargo luego de que se comprobara su responsabilidad en la muerte de un perro pitbull, propiedad de un vecino, en un confuso incidente ocurrido el pasado 14 de mayo.

La decisión fue adoptada por mayoría, con cuatro votos a favor y dos en contra, tras la conformación de una comisión investigadora que evaluó denuncias y testimonios. El cuerpo deliberativo consideró que Romero incurrió en maltrato animal, conducta que calificó como "incompatible con el ejercicio de la función pública y el decoro institucional". La resolución citó la violación de la Ley Provincial 2242-R, la Ley Nacional 14.346 y artículos de la Constitución Nacional y Provincial.

El hecho se produjo cuando, según el relato del dueño del animal, M.S.E., su perro “Roco” ingresó al terreno de Romero y fue mortalmente herido con un objeto punzante. Romero reconoció haber intervenido en la pelea entre los perros, argumentando que actuó en defensa de su hija y su propio perro, y que utilizó un palo tras no poder separarlos de otra manera. "No fue mi intención inicial causar ese daño, pero la situación se volvió desesperante", expresó Romero en sus redes sociales.

Por su parte, M.S.E. sostuvo que la agresión fue excesiva y que ambos vecinos comparten responsabilidad por la falta de cercos en sus propiedades. El veterinario que atendió al animal confirmó que presentaba heridas punzantes. El caso generó un fuerte debate en la localidad, dividiendo opiniones entre quienes consideran justificada la destitución y quienes creen que Romero actuó en defensa propia.

Mientras tanto, la causa sigue bajo investigación judicial y Romero enfrenta una denuncia policial. El Concejo Deliberante anunció que la próxima semana asumirá el reemplazante del edil destituido. El episodio reavivó la discusión sobre el maltrato animal y la responsabilidad de los funcionarios públicos en Argentina, en un contexto donde la protección animal cuenta con un marco legal específico.